La Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de las recomendaciones 19/2020 y 33VG/2020 por hechos ocurridos en 2015. El primer expediente es por lo realizado durante un cateo en noviembre de 2015 en Ocotlán, Jalisco, en el cual estuvieron involucrados elementos de la entonces Policía Federal; por lo que hace a la segunda, están inmiscuidos uniformados de la misma corporación por un evento suscitado en Villahermosa, Tabasco, en septiembre de 2015.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana procederá a aceptar los pronunciamientos de ese organismo protector de los derechos humanos, además reitera su compromiso con el pleno respeto a los garantías individuales y velará en todo momento para que la actuación de las instituciones de seguridad pública se desarrolle bajo los principios de legalidad, eficiencia y honradez, para ejercer con todo profesionalismo su responsabilidad en materia de seguridad.

El secretario Alfonso Durazo Montaño ha instruido que se colabore ampliamente con la CNDH a fin de realizar las investigaciones en contra del personal involucrado en alguna irregularidad, aportando al Ministerio Público e instancias correspondientes las pruebas y elementos necesarios para determinar o deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.

Asimismo, se realizarán los trabajos conducentes para promover programas de capacitación en materia de Derechos Humanos, prueba de ello, es que las leyes que dan sustento a la Guardia Nacional se rigen bajo los principios elementales de derechos humanos. Se contribuirá a lograr la reparación integral del daño a las víctimas, en coordinación con otras instancias públicas.

Cabe subrayar que la CNDH no ha emitido ninguna recomendación a esta Secretaría por hechos que vinculen a la presente administración; no obstante, reitera su compromiso de fortalecer los mecanismos para garantizar que los cuerpos federales de seguridad pública continúen observando los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en todo su ámbito de competencia.

Boletín 265/2020