México condena enérgicamente la comercialización de bienes arqueológicos de origen prehispánico, como la que se pretende llevar a cabo en París, Francia, el día de hoy, 10 de noviembre, bajo los auspicios de la casa de subastas Christie’s.

Este tipo de acciones atenta contra la cultura, no solo de los pueblos a los que pertenecieron, sino en contra del conocimiento de la historia de la humanidad y sus culturas. Al mismo tiempo, quienes facilitan su comercio y son parte de él, incurren en actos ilícitos de diversa índole.

En el aspecto histórico cultural destaca que, al comercializarse como objetos de arte, las piezas son sacadas de su contexto, lo que anula su valor como elementos para explicar la historia y cosmogonía de las civilizaciones que las elaboraron, a la vez que, al entregarse a colecciones privadas, se impide la socialización del conocimiento histórico que aporta cada una de ellas.

En el aspecto legal resalta que la inmensa mayoría de las piezas ha llegado al mercado como resultado de actos ilícitos, que implican redes clandestinas de distribución y tráfico. El tráfico ilícito de bienes culturales ocurre por medio de una compleja red que comúnmente inicia con excavaciones clandestinas, continúa con el movimiento ilegal a través de fronteras internacionales y se concreta mediante una compra-venta amparada por la discreción del mercado negro, para finalmente buscar ser “legalizadas” en subastas públicas como la que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre.

El Gobierno de México colabora de manera cercana con el Gobierno de Francia a fin de combatir el tráfico de bienes culturales por todos los medios a su alcance y de sensibilizar a las casas de subastas acerca del atentado histórico que cada una de estas ventas supone. Se espera que la disposición del Gobierno francés para trabajar conjuntamente en este tema con México resulte en la disminución de subastas y ventas de bienes culturales mexicanos en ese país.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja de manera puntual con las autoridades competentes, a fin de fincar las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan conforme a las leyes nacionales, por los hechos ilegales que implica la realización de este tipo de subastas y la participación en las mismas.