En el marco de los espacios de diálogo permanente sobre reapertura fronteriza y vacunación contra covid-19, particularmente a través del grupo técnico de trabajo sobre migración y desarrollo anunciado el pasado 25 de agosto, el Gobierno de los Estados Unidos comunicó desde entonces su intención de reimplementar la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. Durante las últimas semanas, las conversaciones entre ambos gobiernos se han intensificado, particularmente a partir del flujo irregular de personas migrantes a través de caravanas.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha señalado varias preocupaciones de índole humanitaria con respecto al procedimiento de asilo en Estados Unidos bajo la sección de dicha ley.
En las conversaciones del grupo de trabajo bilateral, el Gobierno de México ha reiterado la importancia de acelerar los programas de cooperación para el desarrollo en el sur del territorio nacional y el norte de Centroamérica, a fin de atender las causas estructurales de la migración. En ese sentido, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han compartido información, casos de éxito e iniciarán en el corto plazo un programa piloto en Honduras para avanzar en esfuerzos binacionales en la materia.
En relación a la posible reimplementación de la sección 235(b)(2)(C), México ha subrayado la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios, mismos que deben realizarse de la forma más expedita posible.
México ha comunicado a los Estados Unidos que las personas migrantes deben contar con acceso a atención médica y vacunación contra covid-19, a fin de proteger su derecho a la salud y evitar la propagación del covid-19 en las comunidades de ambos lados de la frontera. Además, México ha destacado la importancia de respetar los criterios de vulnerabilidad para grupos de personas particulares como menores de edad no acompañados, personas embarazadas, personas con enfermedades físicas o mentales, personas de la tercera edad, personas de la comunidad LGBT+, personas indígenas unilingües, entre otros.
Adicionalmente, deben respetarse los puntos de retorno designados, tomando en consideración tanto las capacidades del Instituto Nacional de Migración para brindar la adecuada atención a las personas migrantes, como las condiciones de seguridad a nivel local.
México considera fundamental contar con recursos adicionales por parte de los Estados Unidos, destinados para albergues y organizaciones internacionales a fin de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo de manera substantiva.
El Gobierno de México enfatiza que, en el marco de una posible reimplementación de la sección 235(b)(2)(C), requiere que el Gobierno de los Estados Unidos atienda puntualmente estas medidas de carácter humanitario.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, espera la respuesta formal por parte del Gobierno de los Estados Unidos a fin de garantizar condiciones concretas que mejoren notablemente las condiciones de implementación de dicha sección.
El Gobierno de México reitera la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación para el desarrollo, a fin de atender las causas de raíz de la migración. Asimismo, refrenda el objetivo de gestionar una política migratoria en apego a los derechos humanos de las personas migrantes para alcanzar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la región.