El Gobierno de México no ha dudado en recurrir nunca a instancias internacionales para defender los derechos humanos de nuestros nacionales en el exterior, tal y como lo ha anunciado en diversas ocasiones el Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso.
Estas acciones se suman y complementan la intensa labor de asesoría jurídica y protección consular que la Embajada de México en los Estados Unidos de América y los 50 consulados mexicanos en ese país, están llevando a cabo para promover y defender con todos los recursos legales a su alcance los derechos de nuestros connacionales, independientemente de su condición migratoria.
Por lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores no acepta las afirmaciones sobre una supuesta falta de acción del gobierno de México ante instancias internacionales para proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos en EUA.
En ese tenor, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Miguel Ruíz Cabañas, se reunió este jueves con el nuevo Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, a fin de reiterar las preocupaciones de México por las medidas contra los migrantes anunciadas en las últimas semanas por parte del Gobierno de EUA.
Cabe subrayar que, desde que dichas medidas fueron dadas a conocer el pasado 25 de enero, funcionarios de alto nivel de la SRE, incluyendo al Canciller Videgaray Caso y al Embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, han sostenido reuniones con el Secretario General de dicho organismo, Luis Almagro, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, para reiterar que la posible implementación de dichas medidas podría atentar contra los derechos y libertades fundamentales de nuestros connacionales, previstos no sólo en la legislación interna de EUA, sino también en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Como resultado de las gestiones realizadas, desde el pasado 1º de febrero, la CIDH expresó públicamente su preocupación por los efectos que la implementación de dichas medidas podría ocasionar en los derechos humanos de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense. En dicho comunicado, la Comisión afirmó que “la implementación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la libertad de circulación, entre otros.” En ese marco, la CIDH instó “a los Estados Unidos a dejar sin efectos las órdenes ejecutivas y a garantizar que cualquier medida oficial en materia de migración y refugio se encuentre acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”
En seguimiento a dichos pronunciamientos, la propia CIDH llevará a cabo una audiencia pública el 21 de marzo próximo, para escuchar las preocupaciones de la sociedad civil de la región con relación a las medidas dictadas por el gobierno de los Estados Unidos.
Con ese contexto, el Gobierno de la República reitera su compromiso para promover y proteger los derechos humanos de sus nacionales en el exterior, y de continuar trabajando estrechamente con la CIDH para identificar, alertar y en su caso documentar casos concretos de posibles violaciones a los derechos humanos que se deriven de dichas órdenes, o de su implementación. Ello, a la luz de las facultades de la Comisión en materia de atención a casos individuales, medidas cautelares y, en general, para el monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región.
Por otra parte, cabe recordar que desde el pasado 2 de febrero, el Secretario Luis Videgaray se reunió con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para expresar la grave preocupación del Gobierno de México por las medidas antiinmigrantes anunciadas por el gobierno de EUA, y en especial por la posibilidad de que la instrumentación de las mismas conlleven violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. En dicho encuentro, el Secretario General de la ONU ofreció que la Organización se mantendría muy atenta a la evolución de esta situación.
Asimismo, como resultado de las gestiones del Gobierno de México, el 8 de marzo pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, su preocupación por la posición de la nueva administración de los Estados Unidos en materia de derechos humanos, y señaló que la estigmatización de grupos enteros de personas, tales como los mexicanos o los musulmanes, es peligrosa y alimenta los abusos de origen xenofóbico.
En la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Subsecretario Ruíz Cabañas señaló que las medidas de seguridad, dirigidas contra un grupo específico de población o su criminalización, son contrarias al Estado de Derecho, violan el debido proceso y son actos severamente discriminatorios. La estigmatización o criminalización generalizada de dichos grupos, destacó, es contraria a la dignidad intrínseca del ser humano.
El Gobierno de México continuará desplegando acciones a nivel internacional a fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes mexicanos y que se reconozcan sus valiosas aportaciones económicas, sociales y culturales en beneficio del desarrollo de los países en los que residen.