La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el gobierno de México presentó un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae) ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. La intervención del gobierno de México en este caso es para respaldar la solicitud de suspender provisionalmente los efectos de la rescisión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), ordenada por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), el 5 de septiembre de 2017. En el escrito se argumenta el daño que esta rescisión causa a  los beneficiarios del programa DACA, sus familias y, en general, a la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Además, el gobierno de México señala, entre otros argumentos, que la rescisión de DACA expone a sus beneficiarios, e incluso a cualquier persona mexicana que cubre el perfil de joven “dreamer”, a un riesgo innecesario de acoso por parte de agentes de procuración de justicia, y genera incertidumbre respecto del trato que dichas personas deban esperar de la autoridad. Esta incertidumbre se ha visto reflejada en un aumento en la demanda de servicios consulares de índole migratoria.

Pugnar por la suspensión de los efectos de la rescisión del programa DACA es un reconocimiento a las valiosas contribuciones de los jóvenes “dreamers” a la economía, sociedad y cultura de sus comunidades.

México es respetuoso del derecho soberano que tiene cada país para decidir sus políticas migratorias internas, pero al mismo tiempo manifiesta su irrestricto deber de defender los derechos de sus nacionales en México o en el lugar en el que hayan decidido residir.

Desde 2012, año en el que dio inicio el programa DACA, y hasta el 4 de septiembre de 2017, casi 690 mil jóvenes habían recibido los beneficios del programa, entre los cuales destaca la suspensión temporal de deportación, un permiso de trabajo y la posibilidad de solicitar una licencia de manejo. De ellos, aproximadamente 548 mil son mexicanos, lo que representa el 79% del total.

El gobierno de México, a través de su Embajada y red consular en Estados Unidos, continuará ofreciendo la asistencia consular necesaria para salvaguardar los derechos de los mexicanos en ese país, sin importar su condición migratoria.