Los demandados y la industria de comercio de armas en Estados Unidos tratarán de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito de sus armas a México y de los daños que estas ocasionan.
Se esperaba que tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente:
- Casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. Los Demandados incluyen a los seis fabricantes basados en Estados Unidos, cuyas armas se recuperan con más frecuencia en México —Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga. El acusado restante —Interstate Arms— es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos.
- Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México. Los demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en al mercado criminal. Los Demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y la corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los Demandados desafían esas recomendaciones, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México —porque se benefician de él.
- Los Demandados producen más de 68% de esas armas traficadas de origen estadounidense, lo que significa que anualmente venden más de 340,000 armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EUA hacia criminales al sur de la frontera.
- En 2001, el gobierno federal de EUA instó igualmente a los Demandados a monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución, para evitar el suministro de armas a criminales. Los Demandados se negaron. El Demandado Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el Gobierno Federal Estados Unidos y varias ciudades de Estados Unidos, comprometiéndose a reformas específicas de su sistema de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo.
La Suprema Corte de los Estados Unidos reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadounidenses. Esta demanda es respetuosa de la legislación de ese país y no pretende atentar contra la Segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para:
- Abstenerse de anunciar entre la población civil, armas de alto poder para fines militares.
- Sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense.
- Cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México. Esta información podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia.
- No dirigir su publicidad a grupos delictivos.
En el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas.