México impulsó la negociación y aprobación de este Tratado. De hecho, el año pasado hospedó la Primera Conferencia de los Estados Parte, en la que se adoptó el Reglamento, las Reglas financieras y se definió la sede del Secretariado.

Los objetivos del Tratado son establecer normas internacionales comunes para mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío.

Nuestro país tiene razones importantes para promover el Tratado y fomentar una mayor cooperación internacional para su plena implementación. Ya que, a pesar de que la producción y venta de armas para uso privado están estrictamente reglamentadas, la problemática que representa el tráfico ilícito de armas a través de su frontera norte continúa siendo uno de sus mayores retos de seguridad pública.

Durante su participación, la Canciller Ruiz Massieu aseguró que el propósito de México es consolidar los avances que se han logrado, y adoptar las decisiones que permitan una implementación eficaz del Tratado, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo que propuso las siguientes medidas: presentar informes nacionales, establecer el Fondo Fiduciario contemplado para el desarrollo de instituciones nacionales para el control de las transferencias de armas y que cada gobierno adopte medidas más estrictas de control de las exportaciones y transferencias de armas.

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