México está plenamente comprometido en la lucha contra la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Al igual que ha ocurrido con otros instrumentos internacionales en materia de tortura, el cumplimiento por parte del Gobierno de México del compromiso establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un enorme avance en la lucha contra la tortura en nuestro país.

Se sugiere consultar el informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura (parte I y parte II) y el plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones del Subcomité.

En abril de 2014, el Sr. Juan Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura visitó México (ver más).


Visita a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura

La visita del Relator Especial se desarrolló entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y comprendió más de 35 reuniones con alrededor de 99 servidores públicos al más alto nivel de representación del Gobierno Federal y Estatal, entre los que destacan el Procurador General de la República y la Secretaria de Salud, así como funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Cancillería.

También se reunió con el gobernador de Nuevo León y con altos funcionarios de Baja California, Chiapas, Nayarit y el Distrito Federal. Asimismo, mantuvo encuentros con representantes de los Poderes Legislativo y Judicial Federal, con organismos autónomos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Antes de la misión del Sr. Juan Méndez, la más reciente visita de un mecanismo internacional de esta naturaleza en materia de prevención de la tortura ocurrió en 2008, a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura, órgano de vigilancia del cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Desde entonces, nuestro país ha generado una serie de condiciones de carácter estructural que implican importantes desarrollos legislativos, judiciales, institucionales y de política pública, que dan cuenta de los avances para garantizar la erradicación de la abominable práctica de la tortura, mismos que pudieron ser constatados por el Relator Méndez.

El Relator Especial dio a conocer sus observaciones preliminares sobre su visita de 12 días a nuestro país, mismas que compartió con todas las autoridades involucradas. Expresó que el mayor número de casos en los que se presume la comisión de este delito ocurren entre la detención y la puesta a disposición del probable responsable, sin que esto signifique que sea una práctica sistematizada o generalizada.

El Sr. Juan Méndez agradeció al Gobierno de México la invitación e hizo énfasis en el excelente apoyo prestado y por facilitar el acceso irrestricto a los 11 lugares de detención de su elección, tanto a nivel federal como estatal; en donde tuvo todas las condiciones para entrevistarse con personas privadas de su libertad, en los términos de referencia establecidos en su mandato.

El Relator Especial hizo un amplio reconocimiento sobre el desarrollo de las nuevas estrategias de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos, incluyendo la prevención del delito. Asimismo, consideró que la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es el mejor marco para fortalecer la implementación y cumplimiento de obligaciones internacionales sobre la materia y refuerza el compromiso de México con la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Asimismo, celebró la adopción del Código Único de Procedimientos Penales y las acciones de implementación de la reforma de justicia penal de 2008; así como de la promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas en caso de la comisión de este grave delito; además celebró la disminución de la utilización de la figura del arraigo en los casos previstos por nuestra Constitución.

Destacó la importancia del acuerdo A/057/2003 de la Procuraduría General de la República, que regula la aplicación del Protocolo de Estambul y que, en general responde a los estándares internacionales aceptados y que ha servido de modelo para un número muy importante de Procuradurías de Justicia Estatales y de otros servicios periciales en investigación de presuntos actos de tortura. Por otra parte, hizo un reconocimiento de la existencia de peritos independientes y de las comisiones públicas de derechos humanos como una garantía en la aplicación imparcial de este instrumento.

El Relator también reconoció el significativo progreso en México respecto de la restricción de la jurisdicción militar derivada de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la reciente reforma al Código de Justicia Militar, relacionadas con la declinación de competencia por parte del fuero militar para conocer sobre violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las fuerzas armadas, a efecto de que sean atendidas por el fuero civil.

Destacó también que México es el único país en América Latina que ha incorporado a su legislación, a través de la llamada “protección complementaria”, el estándar internacional de non-refoulement, recogido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes, así como a la nueva legislación migratoria de nuestro país.

El Sr. Méndez hizo diversos señalamientos respecto de los importantes desafíos que aún tiene nuestro país a fin de eliminar la práctica de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, entre las que destacan: fortalecer la figura de la defensoría pública a nivel local; garantizar una adecuada atención de las víctimas, que incluya medidas de reparación integral; realizar investigaciones prontas y expeditas en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos; garantizar el derecho al debido proceso; la homologación del tipo penal de tortura a nivel nacional, de conformidad con los estándares internacionales; la regulación a nivel nacional del uso legítimo de la fuerza pública; la disminución de la utilización de la figura del arraigo; el abatimiento de la sobrepoblación en los centros de detención y la mejora de las condiciones de los mismos, entre otros.

El Relator reconoció que México transita en un importante periodo de cambios constitucionales, legislativos, institucionales y de políticas públicas en lo relativo a la promoción y protección de los derechos humanos y que cuenta con una sociedad civil vigorosa y participativa, por lo que se encuentra en las mejores condiciones para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en esta materia.

El informe final sobre la visita será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2015.