En un día como hoy, pero de 1915, el entonces Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe de la Revolución, Venustiano Carranza, emitió el decreto de lo que se conocería como la Ley Agraria.
Con esta medida se buscó dar solución a “una de las causas más generales del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas del país”: el despojo de tierras de propiedad comunal o de repartimiento, que había dado como resultado, la exclusión de grandes capas de la sociedad y concentrado en unas cuantas manos, vastas superficies del territorio nacional.
La importancia de esta Ley radica en el hecho de que definió las pautas para la redistribución de la tierra en México y creó la figura del ejido como una forma de responder a las principales demandas sociales de la Revolución Mexicana. No podemos olvidar que parte del espíritu de dicha Ley incidió en el texto de uno de los artículos más importantes de la Constitución de 1917: el artículo 27.
A poco más de 100 años de esta Ley, con importantes repercusiones en lo social, el campo mexicano registra avances significativos en lo que se refiere a la producción de alimentos:
- En la actualidad, a nuestro país se le sitúa en el lugar 11 en la producción mundial de alimentos, en la producción mundial de cultivos agrícolas y en la producción mundial de ganadería primaria.
- De igual forma, se ubica en el décimo séptimo lugar en la producción mundial pesquera y acuícola.
- En el Año Agrícola 2021 se produjeron 268.6 millones de toneladas de productos agrícolas (1.3 por ciento superior con respecto al año agrícola anterior); 24.1 millones de toneladas de productos pecuarios (2.2% más que el año previo) y 2 millones de toneladas de productos pesqueros y acuícolas (1.6% más que el año agrícola 2020).
- El valor en conjunto de esta producción alcanzó una cifra de 1 billón 336 mil 086 millones de pesos.
- Esto ha permitido que se identifique a nuestro país con un liderazgo en el cultivo de varios productos. Por ejemplo, somos los primeros productores a nivel global de aguacate y zarzamora; segundo lugar en la producción de chile verde, frambuesa y limón; tercer lugar en cártamo, espárrago, guayaba y mango; cuarto lugar en fresa, papaya, toronja; y quinto lugar en brócoli, coliflor, naranja, nuez, pepino y sorgo grano, por señalar algunos.
- En el rubro pecuario y pesquero, nuestro papel es también destacado: ocupamos el cuarto lugar mundial en la producción de pulpo; sexto lugar en la generación de carne en canal de ave y bovino, así como en huevo para plato; séptimo lugar en camarón y octavo lugar en sardina.
- De igual forma, en 2021, la venta internacional de productos agroalimentarios mexicanos registró un máximo histórico de 44 mil 687 millones de dólares; posibilitando por séptimo año consecutivo, un saldo favorable en nuestra balanza comercial agroalimentaria, del orden de 7,438 millones de dólares.
- Lo que permite identificar a nuestro país como el séptimo exportador mundial de productos agroalimentarios.
Si bien estas cifras son relevantes, en el compromiso con la seguridad alimentaria, así como con la consolidación y fortalecimiento del sector primario como un importante motor de la economía del país, lo es también, que estos datos positivos reflejen y sean una fuente de bienestar y mejores condiciones de vida para las personas que habitan los territorios rurales, en especial para la población indígena y productores de pequeña y mediana escala. Recordemos tan sólo que esta labor está a cargo de 5.4 millones de personas dedicadas a las actividades agrícolas, 869 mil ocupadas en la ganadería y 101 mil que realizan tareas en la pesca y acuicultura.
Tal como lo expresó el Secretario de Agricultura, Dr. Víctor Villalobos Arámbula -hace unos meses- en el 37 Periodo de Sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe: “realizar una vida digna en los territorios rurales, debe ser una de las altas prioridades de todos nuestros gobiernos”.
Vincular la agricultura productiva y la inclusión social, es fundamental para lograr que las tierras de cultivo, la ganadería y la pesca, sean también espacios de vida digna para quienes con su trabajo, producen los alimentos que todos consumimos.
Recordar el carácter social de esta Ley y promover políticas públicas en favor de una justicia social para el campo, es una buena forma de honrarla.