La calificación de la deuda soberana tiene un peso importante en la determinación de la calificación de las instituciones públicas y las empresas privadas, ya que representa el anclaje de las expectativas. En este sentido, el que se reafirmen las calificaciones que tiene México con las principales agencias calificadoras y se tenga una perspectiva “estable”, envía un mensaje positivo a toda la economía en su conjunto, proporcionando certidumbre a todos aquellos que buscan obtener financiamiento bajo condiciones favorables a lo largo del año.

La calificación de la deuda soberana mexicana ha mejorado en los últimos años. Entre 2013 y 2014 las principales agencias mejoraron la calificación de largo plazo de México aumentándola un nivel en su escala (BBB+ para Standard & Poor’s y Fitch y A3 para Moody’s). Tales calificaciones se encuentran por encima de las categorías de alto riesgo, por lo que los valores gubernamentales mexicanos son considerados “grado de inversión”, convirtiéndolos en instrumentos atractivos para inversionistas locales y extranjeros.

Ante el entorno externo adverso que nuestro país enfrentó en los últimos años, las agencias calificadoras habían cambiado la perspectiva de la calificación de la deuda soberana a negativa en 2016, con lo cual se inició un periodo de escrutinio sobre la deuda del país. Para revertir esto, el esfuerzo colectivo por mantener finanzas públicas saludables permitió estabilizar, a partir de 2017, la perspectiva de la calificación de todas las agencias que evalúan al Gobierno Federal. Estas recientes mejoras en la perspectiva posicionan a México como el primer país, en los últimos cinco años, en recuperarse de una perspectiva “negativa” en menos de 8 meses, en el caso de Fitch, y en menos de 11 meses en el caso de Standard and Poor’s, con lo cual México se compara favorablemente respecto a países con calificaciones crediticias similares. Finalmente, el pasado miércoles 11 de abril la calificadora Moody’s se sumó al resto de las agencias al mejorar la perspectiva para México de “negativa” a “estable”, lo cual es una noticia positiva para el país, resultado de la estrategia emprendida por el Gobierno Federal.

Las calificaciones crediticias son indicadores eficientes que señalan cuál es el riesgo de adquirir instrumentos de deuda emitidos por gobiernos soberanos, empresas públicas y privadas, así como bancos públicos y privados alrededor del mundo. Las principales agencias calificadoras internacionales (Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s) son las instituciones que asignan las calificaciones crediticias a emisores y emisiones de deuda y su asignación se interpreta en tres niveles: 1) el grado de inversión o especulación; 2) la calificación en sí misma; y 3) la perspectiva de la calificación.

El primer nivel de la calificación indica si la entidad posee grado de inversión, es decir, si tiene una alta probabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, o grado de especulación, cuando esta probabilidad se reduce. Durante esta Administración, el Gobierno Federal, las Empresas Productivas y la Banca de Desarrollo han preservado el grado de inversión, lo que refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país.