La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) reitera su compromiso de atender y denunciar penalmente todo acto de defraudación al fisco federal. Su encomienda es combatir, con base en la ley, los delitos fiscales tipificados en la normativa.
Toda acusación se finca sobre bases sólidas y objetivas, tal y como se estableció desde el primer día de la actual administración.
El Gobierno de México ha implementado una política contra los esquemas ilegales y sistémicos de evasión, sobre todo en contra de organizaciones factureras, y de grupos dedicados a planear, ejecutar estrategias de subcontratación ilegal y simulaciones de asimilables a salarios.
Siguiendo este mandato, los contribuyentes que recurren a ese tipo de actividades fraudulentas serán perseguidos penalmente y obligados a reparar el daño económico ocasionado y, de acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, las relacionadas con la delincuencia organizada y que atentan contra la seguridad nacional.
La autoridad no hace distinción alguna entre contribuyentes; investiga delitos y a sus responsables o beneficiarios, de manera objetiva y puntual.
La cantidad de acusaciones en contra de una persona se determina por los actos fraudulentos que haya cometido.
En consecuencia, no es la discreción de la autoridad la que determina la cantidad de delitos que denuncia, sino la decisión voluntaria del imputado de cometerlos.
Cualquier persona que ha sido acusada de un delito fiscal puede hacer valer todos sus argumentos y pruebas ante tribunales, como lo establece la Constitución y las convenciones internacionales.
A los indiciados, se les exhorta a presentarse ante el juez que los aperciba para llevar el proceso legal, como cualquier ciudadano.
Por todo ello, la Procuraduría Fiscal de la Federación atacará todo tipo de actos de corrupción relacionados con delitos tributarios, con el mayor rigor legal y con el compromiso absoluto de defender la justicia.
La determinación de la PFF es combatir a los grupos más robustos de evasión fiscal, como lo demuestran los asuntos penales construidos y denunciados en los últimos años.