La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo tiene su sustento legal en el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual establece que, el Estado tiene la obligación de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
En este contexto, en el marco de las obligaciones establecidas en la Ley de Planeación, el pasado 30 de abril, por primera vez en la historia, el Presidente de la República remitió su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
El documento remitido al poder legislativo se integra de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como de un conjunto de anexos; mismos que, de conformidad con lo ordenado en la Constitución y las leyes, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad derivadas de los ejercicios de participación y consulta popular instrumentados por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, además de las proyecciones y consideraciones a veinte años.
En este ejercicio, participaron organizaciones representativas de: obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; así como de otras agrupaciones sociales. De igual manera, las comunidades indígenas fueron consultadas y participaron en las definiciones que afectan directamente en el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
Dentro del proceso deliberativo y democrático que precisa nuestro marco normativo, el día de hoy se presentó una nota periodística que desvirtúa el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, al señalar que: “Hasta en 20 años habría un país con justicia, según Plan Nacional de Desarrollo”.
Como puede consultarse, en la parte introductoria de los Anexos (página 19), al hacerse referencia a la visión de largo plazo, se enuncia lo siguiente:
“El Gobierno de México está comprometido con el fortalecimiento del Estado de Derecho, el impulso al desarrollo económico sostenible y la construcción de un país con justicia y bienestar para todas las personas en todo el territorio por igual, reconociendo y trabajando para reducir las brechas de desigualdad existentes. El avance coordinado en cada una de las tres direcciones propuestas retroalimentará los esfuerzos en otras esferas, generando un círculo virtuoso de progreso con el cual, en los próximos 20 años México se consolidará como un país más igualitario en donde las personas y el ejercicio pleno de sus derechos humanos serán el centro de la política pública.”
En consecuencia, resulta imprecisa y equívoca la afirmación periodística que señala que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus Anexos “hasta” dentro de veinte años habrá un país con justicia. Toda vez que el documento presentado por el Ejecutivo Federal establece que dentro de dicho periodo, México se consolidará como un país más igualitario en donde las personas y el ejercicio pleno de sus derechos humanos serán el centro de la política pública.
Es decir, los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, expresan una aplicación inmediata de las mismas y un alcance sexenal, considerando, además, una visión de largo plazo.
Finalmente, el procedimiento para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que se llevará a cabo en los próximos meses por la H. Cámara de Diputados consistirá en verificar que dicho instrumento incluya los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tanto, se exhorta a todo el pueblo de México a participar activamente en la revisión y enriquecimiento de dicho Plan, así como a que la información y difusión que verse sobre su contenido, sea oportuna, veraz e imparcial. No se omite comentar que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estamos convencidos de que la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones fortalecerán el contenido del mismo.