El 21 de enero pasado se publicó en periódicos de circulación nacional, nota periodística sobre la pretensión del Instituto Nacional Electoral de “suspender” el pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al segundo semestre de 2019, como supuesta medida para garantizar los comicios electorales de Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes.
El Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos que apoyan tal medida, ignoran con tal planteamiento la obligación Constitucional de contribuir al gasto público, bajo el argumento de operatividad, anteponiéndolo al mandato previsto en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna.
Con ello, se violan las disposiciones legales tributarias incurriendo inclusive en conductas delictivas de defraudación fiscal previstas por el Código Fiscal de la Federación.
La Procuraduría Fiscal de la Federación, en el ámbito de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se mantendrá atenta al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, y procederá conforma a dichas facultades en caso de su incumplimiento.