Artículo publicado en el periódico El Economista, miércoles 20 de mayo 2015

La productividad como base del crecimiento y el bienestar

Dr. Osvaldo Santín Quiroz, Jefe de la Oficina de Coordinación del C. Secretario. SHCP

A partir de los años noventa México emprendió un profundo proceso de consolidación macroeconómica mediante un manejo responsable de las finanzas públicas, una conducción autónoma de la política monetaria y una regulación prudencial que convirtió al sistema financiero mexicano en uno de los más sólidos del mundo. Ante tales transformaciones, no sorprende que hoy en día nuestra economía goce de un alto nivel de confianza en los mercados internacionales.

Sin embargo, y aunque parezca paradójico, no hemos logrado que este entorno de estabilidad macroeconómica se traduzca en un crecimiento económico dinámico o incluso cercano al de otras economías comparables con la nuestra. Así, entre 1980 y 2014, nuestro país creció a un ritmo promedio anual de 2.4%, por debajo de lo observado en Brasil (2.5%), Chile (4.4%), Corea (6.6%) o China (9.8%). Lo anterior ha limitado las posibilidades de mejorar el bienestar para las familias mexicanas. De hecho, la brecha de ingreso por habitante de México con respecto a Estados Unidos se incrementó en cerca de 12 puntos porcentuales durante los últimos 30 años.

¿Por qué no hemos logrado crecer de manera sostenida? La evidencia apunta a que el bajo dinamismo económico es resultado de la modesta expansión de la productividad. De hecho, entre 1990 y 2013, la productividad de nuestra economía disminuyó a un ritmo anual de 0.35%, contrario a lo observado en otros países, como Chile y Corea, en donde ésta creció a un ritmo promedio de 1.1% y 2.4%, respectivamente, para un periodo comparable.

Existen múltiples causas que explican lo anterior. Por una parte, el sector informal de la economía, significativamente menos productivo que el formal, emplea a un gran número de trabajadores. En segundo lugar, los recursos que destinamos a la innovación y al desarrollo tecnológico representan alrededor de medio punto del PIB, cuando en los países de la OCDE estos equivalen a aproximadamente 2%. Por otro lado, aunque nuestro país ha mostrado avances importantes en la materia, las empresas aún enfrentan una carga regulatoria excesiva en los tres niveles de gobierno y su encadenamiento productivo es muy limitado.

Atendiendo a lo anterior, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto promovió la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que entró en vigor el pasado 7 de mayo. La nueva Ley ordena la implementación de una Política Nacional de Fomento Económico de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales que debe incluir componentes transversales, sectoriales y regionales.

Entre los componentes transversales, destaca el impulso a la formalización de la economía, a la innovación, al emprendimiento, a la capacitación, al financiamiento y a la infraestructura productiva. En cuanto a las políticas sectoriales, se hace explícito el objetivo de promover un cambio estructural hacia actividades de alta productividad y la transformación de los sectores tradicionales de la economía, así como la mayor integración de las MiPYMES a las cadenas de valor. Finalmente, el énfasis regional resalta la importancia de diseñar acciones que atiendan las diferencias en el grado de desarrollo que actualmente persisten en nuestro país.

La Ley de Planeación, por su parte, ahora establece que el Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la Política de fomento económico, con un horizonte de hasta 20 años. Sin duda, éste es un aspecto importante porque la tarea de elevar la productividad debe ser concebida como un reto continuo y de largo plazo. Como corolario, resulta indispensable contar con mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que nos permitan hacer los ajustes necesarios y corregir el rumbo de las políticas de promoción económica en caso de que éstas no tengan los resultados esperados. La nueva Ley contempla un monitoreo permanente de los programas y los proyectos que tengan como objetivo incrementar la productividad y la competitividad del país.

La experiencia internacional muestra que el crecimiento económico sostenido viene aparejado de mejoras continuas en el bienestar de la población. La agenda de reformas estructurales, aunada a la estrategia de democratizar la productividad del Plan Nacional de Desarrollo, representan un paso firme en tal dirección. La promulgación de la Ley para Impulsar la Productividad y Competitividad garantiza la continuidad de estos esfuerzos y los fortalece.