La CEPAL propone para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por el coronavirus (COVID-19) y lograr una reactivación sólida y relativamente rápida, que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Plantea la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses (mínimo 3 meses, máximo 1 año) a toda la población en situación de pobreza en 2020 [es decir, 214.7 millones de personas (28.7 millones de personas más que en 2019) o el 34.7% de la población regional (+4.4 puntos porcentuales respecto al año previo)]. Esto implicaría un gasto adicional del 2.8% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
La CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11.8 millones de personas) verá deteriorada su situación económica y podría caer en una situación de pobreza extrema. También considera que habrá un fuerte deterioro de la posición económica de las personas que pertenecían a los estratos medios.
El organismo considera, para el largo plazo, avanzar hacia un ingreso básico universal, al lograr que esas transferencias monetarias, antes mencionadas, sean permanentes, que vayan más allá de las personas en situación de pobreza y que lleguen a estratos de la población muy vulnerables a caer en esa condición, con lo que se aseguraría el derecho básico a la sobrevivencia.
La CEPAL enfatiza que “el desafío es fortalecer el Estado de bienestar para evitar otra década perdida, con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”.