Ciudad de México, a 24 de junio de 2020.
- La secretaria Irma Eréndira Sandoval, como representante del Poder Ejecutivo en el SNA, votó a favor y expuso argumentos para que todos los servidores públicos declaren sus bienes en copropiedad con terceros, así como todo el patrimonio de dependientes económicos y cualquier tipo de pareja.
La Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, anunció que el 100% de los integrantes del Gabinete legal del Gobierno de México cumplieron ya con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses, asumiendo así su responsabilidad y compromiso con la transparencia en esta Cuarta Transformación.
Los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, implementados a partir de 2020, permiten recabar más y mejor información, como los ingresos detallados de los servidores públicos, para prevenir la corrupción y garantizar que protejan el interés general y no los beneficios particulares, como sucedía en el pasado, cuando se mantenía en total opacidad.
La secretaria Sandoval Ballesteros ha subrayado que sólo en 2018 se recibieron 269 mil 180 declaraciones, de las cuales únicamente se hicieron públicas 72 mil 50, es decir, el 26%. En cambio, este año, el patrimonio declarado por las personas servidoras públicas puede ser consultado en su totalidad en el sitio https://servidorespublicos.gob.mx.
Los nuevos formatos, aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y publicados el 23 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, cuentan con mayor información y garantizan el derecho constitucional a la protección de los datos personales, con lo que se evita poner en riesgo la integridad y la información de las personas.
En esa ocasión, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, como representante del Poder Ejecutivo en el SNA, votó a favor y expuso argumentos para que todos los servidores públicos declaren sus bienes en copropiedad con terceros, así como todo el patrimonio de dependientes económicos y cualquier tipo de pareja, como las sociedades de convivencia o similares, lo que anteriormente no ocurría. Ahora, esta información está disponible para las revisiones de las autoridades competentes.
Se congratuló de que estos formatos le permitirán a la Función Pública acceder a la mayor cantidad de datos en la historia para monitorear la evolución patrimonial de los servidores públicos. De esta manera, se amplía la rendición de cuentas y la revisión a la que deben estar sujetos los funcionarios. Además de los ingresos, los altos mandos, donde se concentran los principales riesgos de corrupción, desde subdirecciones de área hasta Presidencia de la República, también tienen la obligación de informarle a la autoridad de los conflictos de interés que podrían tener en el ejercicio de su cargo.
En relación con los conflictos de interés, los nuevos formatos transparentan la participación en empresas, los apoyos o beneficios que han obtenido, sus clientes principales en actividades particulares que pueda tener las y los funcionarios públicos.
A propuesta de la Función Pública, los servidores públicos de menor nivel, como jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados, sólo deben llenar un formato simplificado, debido a que el propósito es centrarse en las principales zonas de riesgo, no distraer personal ni recursos institucionales para investigar a quienes ocupan los niveles inferiores y son la fuerza principal del gobierno federal.
Los formatos constituyen un importante paso hacia la transparencia y cierran espacios a la opacidad, al ser verdaderos mecanismos de rendición de cuentas, de prevención de corrupción y de detección de faltas como el enriquecimiento ilícito.
Su aplicación es obligatoria a nivel nacional para los tres órdenes de gobierno, con lo que se uniforman las declaraciones de servidores públicos municipales, estatales y federales, de acuerdo con lo que establecen las leyes generales de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción.
De esta forma, la Función Pública cuenta con una importante herramienta para prevenir los conflictos de interés al orientar y extremar su vigilancia hacia los altos mandos en el Gobierno, entre quienes, por su poder de decisión y control de recursos públicos, aumentan los riesgos de corrupción.
