- El titular de la SFP comparece, en el marco de la Glosa del 4° Informe de Gobierno, ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
- Expone que la SFP enfocó sus actos de fiscalización en las áreas con mayores riesgos, de los cuales a junio de 2022 concluyó mil 715 revisiones.
- Destacó que en la BESA se han registrado 3 mil 041 contratos, que ascienden a 305 mil mdp y en la BESOP registraron 17 mil 500 bitácoras, por un monto de 492 mil mdp, con los cuales la SFP ha monitoreado el 100% de la obra y más del 80% del monto de las compras públicas.
- En 2022, se han conformado 48 mil 748 comités de Contraloría Social, con la participación de 219 mil 899 personas, que vigilan el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos.
Al comparecer en la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del 4° Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, señaló que el trabajo de la dependencia para lograr un gobierno competente y honesto se desarrolla en tres vertientes: la preventiva, la de detección y fiscalización, y la de investigación e imposición de sanciones.
Ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que la dependencia a su cargo cumple con responsabilidad, “no creo aventurado afirmar que estamos construyendo una administración competente, austera y honesta. Estamos comprometidos con que lo público funcione, y funcione bien: con eficacia y probidad”.
En cuanto a la prevención, refirió que inicia con el fortalecimiento del control interno, que articula una metodología para identificar, administrar y controlar los riesgos, a efecto de establecer estrategias que impidan la materialización de la ineficacia y la comisión de ilícitos, con el funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIS), que permiten dar seguimiento a 4.1 billones de pesos en 2022 y en los que la SFP ha participado activamente en las 972 reuniones realizada de los 244 Comités que se han constituido, cubriendo el 100% de dichas sesiones.
El secretario Salcedo Aquino manifestó que para arraigar la integridad en el servicio público, el 8 de febrero de este año se expidió en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal. El cumplimiento de este código es vigilado por los más de 300 comités de ética instaurados en cada una de las instituciones.
En materia de capital humano, detalló que con el objetivo de alcanzar la equidad de género en el número de servidores públicos adscritos al Servicio Profesional de Carrera se llevaron a cabo 2 mil 757 concursos exclusivos para mujeres, con lo que se incorporaron 2 mil 593 a la Administración Pública Federal.
En lo que se refiere a la vertiente de detección y fiscalización, el secretario Roberto Salcedo Aquino expuso que la SFP enfocó sus actos de fiscalización en las áreas con mayores riesgos de ineficacia operativa y de corrupción y a junio de 2022 ya se habían concluido mil 715 revisiones.
Como parte de la fiscalización del patrimonio público federal, se dictaminaron los estados financieros de las entidades paraestatales, de 488, en el 85% los resultados fueron con opinión limpia, 12% con salvedades, 1% con opinión negativa y 2% con abstención de opinión.
En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, informó que, en coordinación con las contralorías estatales, se auditaron 85 mil millones de pesos, lo que representa el 35% del total de los recursos reasignados a las entidades federativas.
Asimismo, indicó que como resultado de la fiscalización del ejercicio 2018 y años anteriores, esta administración recibió un importe no aclarado, documentado o reintegrado por 59 mil millones de pesos, de los cuales esos órdenes de gobierno aclararon 11 mil millones de pesos, y los restantes 48 mil millones dieron lugar, por parte de los órganos estatales de control, a la presentación de 471 denuncias penales y el inicio de 6 mil 572 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria.
En materia de obras y compras públicas, detalló que el Ejecutivo Federal dispone de tres herramientas electrónicas para controlar sus procesos: el CompraNet, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las bitácoras electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y de Seguimiento a Obra Pública (BESOP).
Destacó que mediante la BESA, desde su puesta en operación, en octubre de 2021, y hasta el 30 de septiembre de 2022 se han registrado 3 mil 041 contratos, que en conjunto ascienden a 305 mil millones de pesos. En la BESOP, en el último año se registraron 17 mil 500 bitácoras, por un monto de 492 mil millones de pesos. El secretario Salcedo Aquino subrayó que “por medio de ambas bitácoras, la SFP ha monitoreado el 100% de la obra y más del 80% del monto de las adquisiciones”.
Expuso que la SFP también impulsa la contraloría social, por medio de la que se verifican el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos asignados, en 2022 se validaron las estrategias correspondientes a 72 programas con un presupuesto asignado de 696 mil mdp y en lo que va del año se han conformado 48 mil 748 comités, con la participación de 220 mil personas.
Afirmó que, en su labor de conocer e investigar las conductas que pudieran constituir responsabilidades, la SFP implementó los sistemas de Ciudadanos Alertadores de la Corrupción y de Denuncias Ciudadanas, por los que se recibieron 887 alertas y casi 30 mil denuncias, todas ellas fueron remitidas a las autoridades investigadoras. Actualmente, se tienen 36 mil 983 expedientes en proceso de investigación.
Respecto de la presentación de la declaración de modificación patrimonial y de intereses 2022, indicó que el universo de personas servidoras públicas obligados asciende a un millón 424 mil, de los que el 97% han cumplido con esta obligación constitucional y el 3% restante .
En cuanto a la tercera vertiente, investigación e imposición de sanciones, informó que del 1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, se integraron 25 mil 003 expedientes; mil 455 por faltas administrativas graves, como cohecho, peculado, abuso de funciones, enriquecimiento oculto y desvío de recursos, que ya fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución. Los restantes 23 mil expedientes correspondieron a faltas no graves.
En materia de contrataciones públicas a licitantes, proveedores y contratistas, dio a conocer que se emitieron 357 resoluciones, de las cuales 249 fueron sancionatorias, imponiéndose multas que ascendieron a mil 278 millones de pesos y 175 inhabilitaciones a las empresas.
En el ámbito penal, Salcedo Aquino dijo que la SFP presentó 79 denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos asociados con enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude y peculado, y se da seguimiento a 331 carpetas de investigación con motivo de las denuncias presentadas.
El secretario Roberto Salcedo Aquino concluyó que el esfuerzo por construir un gobierno eficiente y honesto es “un constante taladrar de duras maderas para lograr, una y otra vez, lo que parece imposible: ese es el espíritu que nos alienta en el trabajo diario”.
