COMUNICADO 209

Ciudad de México, jueves 9 de noviembre de 2017

  • Los objetivos son prevenir actos de corrupción y evitar conflictos de intereses.
  • Se contó con la participación de funcionarios de diversas dependencias.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició la certificación de servidoras y servidores públicos en materia de procedimientos de contratación, sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Un total de 45 servidores públicos se sometieron a esta evaluación, realizada en la Ciudad de México los pasados 6 y 7 de noviembre; y quienes la aprueben satisfactoriamente serán certificados con esta competencia.

En el proceso participaron servidoras y servidores públicos de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de Salud, de la Función Pública, de la Procuraduría General de la República, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Los criterios de selección de los servidores públicos para incorporarlos a este programa piloto fueron: el mayor ejercicio de recursos financieros destinados a las contrataciones públicas en las dependencias a las que están adscritos, la experiencia mínima de dos años en procedimientos de contratación pública, y que la sede de la dependencia o entidad se encuentre en la Ciudad de México.

Las unidades de Política de Recursos Humanos en la Administración Pública Federal, de Política de Contrataciones Públicas, y de Normatividad de Contrataciones Públicas, todas de la SFP, integran el grupo de trabajo encargado del registro y certificación de los servidores públicos.

Estas acciones forman parte de las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés en materia de contrataciones públicas.

En ese sentido, la quinta acción ejecutiva presentada por el Presidente de la República, en febrero de 2015, plantea la integración de un registro de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, así como en la enajenación de bienes muebles.