• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa las inhabilitó por 10 años y les impuso una multa por casi 2 millones de pesos.
  • Las tres personas estaban adscritas a la Aduana de Matamoros del Servicio de Administración Tributaria.
  • La resolución destaca que las conductas infractoras de las personas servidoras públicas ocasionaron un perjuicio al erario, en consecuencia, se determinó que cubran la indemnización correspondiente.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informa que, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) un expediente de investigación en el que se presumía la falta administrativa grave de tres personas ex servidoras públicas, el cual resolvió inhabilitarlas por 10 años e imponerles una sanción económica total de 1 millón 990 mil 043 pesos.

En junio de 2022, el TFJA resolvió imponer la sanción por conductas omisas de las tres personas que estaban adscritas a la entonces Aduana de Matamoros, ya que permitieron el ingreso al país de pipas con diesel sin la documentación que acreditara su internación legal, además de que no activaron el semáforo automatizado de revisión.

La sentencia estableció que las conductas infractoras de las personas servidoras públicas ocasionaron un perjuicio al erario federal y determinó el pago de la indemnización correspondiente vía crédito fiscal.

La investigación inició luego de que en julio de 2020 fue presentada una denuncia ante el OIC en el SAT, que señalaba a las personas servidoras públicas por los hechos referidos.

La SFP basa su labor en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 2019-2024, el cual establece que las acciones en esta materia deben enmarcarse en el fortalecimiento del Estado de Derecho y buscar la eficacia de los órganos sancionadores.

Las personas sancionadas aún pueden interponer los medios de impugnación que les reconoce la ley para salvaguardar sus derechos.