Ciudad de México, 27 de febrero de 2018

En el marco de las investigaciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), derivado de la auditoría número 01/2016, iniciada en enero de 2016, respecto del ejercicio 2015, se acreditó que los promotores suspendidos, plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del programa.

Ante ello, la SFP determinó suspender de manera precautoria a 468 servidores públicos, que desempeñaban sus labores en 30 entidades federativas de la República Mexicana, para continuar con las diligencias correspondientes.

La SFP, a través del Órgano Interno de Control, dio vista a la Unidad de Asuntos Jurídicos de SEDESOL, quien a su vez presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual, inició las investigaciones correspondientes contra los promotores y quien resulte responsable.

La SFP continúa con las acciones correspondientes.