En el periodo comprendido de diciembre de 2012 a junio de 2013, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha obtenido reintegros para la Federación por mil 623.1 millones de pesos, como resultado de los actos de fiscalización que a través de sus Órganos Internos de Control (OIC) realiza en dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal (APF); así como del trabajo conjunto con órganos estatales de control en auditorías a recursos federales transferidos a estados y municipios.
Los actos de fiscalización que realiza la SFP, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social y de los OIC, además de tener un enfoque preventivo basado en la identificación de riesgos e instrumentación de acciones de mejora que agreguen valor a la gestión pública, permiten detectar omisiones administrativas y operativas con impacto sustancial en las finanzas públicas y en el patrimonio de las instituciones fiscalizadas.
En este sentido, en el periodo referido, se promovieron dichas recuperaciones y los recursos se materializaron en reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) o tesorerías de entidades.
De los mil 623.1 millones de pesos, 69.6 por ciento, (1,129.2 mdp) fueron producto de las gestiones realizadas por los OIC en el Gobierno Federal; en tanto que el 28.6 por ciento (493.9 mdp), derivaron de las auditorías a recursos federales practicadas a estados y municipios.
Adicionalmente, en el mismo lapso se obtuvieron ahorros por 103.7 millones de pesos, por concepto de diversas economías en el gobierno federal.
Es importante mencionar que, de acuerdo con las disposiciones en la materia, la SFP cuenta con la evidencia documental de los recursos recuperados.
Con estas acciones, la SFP y sus órganos internos de control en la APF continúan con el firme propósito de verificar que los recursos humanos, materiales y financieros de las instituciones y programas gubernamentales se ejerzan en tiempo y forma, a fin de detectar, inhibir y sancionar prácticas de corrupción, desalentar la impunidad y contribuir al cumplimiento de los programas, metas y objetivos institucionales en el marco de la legislación y normativa aplicable.
