COMUNICADO 098

Ciudad de México, a 12 de junio de 2017

  •  Atestiguó también la firma del Convenio Interagencial entre PNUD y ONUDD.

En el combate a la corrupción no existen panaceas, toda vez que se trata de un tema que debe ser abordado de manera integral, multisectorial y corresponsable, manifestó la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González.

Durante la presentación del Modelo de Programa de Integridad Empresarial (Consulta el documento completo aquí http://bit.ly/2slvM1c ) y la firma del Convenio Interagencial entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Contra la Droga y el Delito (ONUDD), en la que fungió como testigo de honor, subrayó que este acuerdo muestra el compromiso de los organismos internacionales para enfrentar un fenómeno que también es de carácter global.

Ante los representantes del PNUD en México, Antonio Molpeces; y del Oficial de Cooperación Internacional de la ONUDD, Javier Hernández; indicó que mediante el diseño e implementación de códigos de ética, de protocolos para el análisis de riesgos en materia de corrupción y el autodiagnóstico, se tendrán las herramientas para consolidar una exitosa política de integridad empresarial.

Arely Gómez reiteró el compromiso para proporcionar todo el apoyo y acompañamiento necesario, sobre todo para avanzar en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción dentro de la Administración Pública Federal (APF).

Y, en este sentido, expuso que el Programa de Integridad Empresarial tiene como objetivo contribuir a que el sector privado pueda dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que entrará en vigor el 19 de julio próximo.

Las sugerencias del citado programa están divididas conforme a las siete fracciones del artículo 25 de la LGRA: un Manual de organización y procedimientos que sea claro y completo; un Código de Conducta debidamente socializado; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría; sistemas adecuados de denuncia; sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación; políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, y mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

La Titular de la SFP, quien estuvo acompañada del  Subsecretario Eber Betanzos Torres y del Titular de la Unidad  Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Jaime Chávez Alor, dijo que sólo en el concierto de recursos, capacidades y voluntades, se podrá erradicar esta práctica ilegal, y estar a la altura de las exigencias de nuestra sociedad.

Expuso que de acuerdo a la encuesta PyMES, realizada por la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en México más del 50 por ciento de las y los empresarios considera que su negocio se ve afectado negativamente por prácticas de corrupción.

En ese sentido, precisó que junto a las consecuencias negativas que en lo económico representan tales cifras, además, se encuentra el efecto más pernicioso de la corrupción: la pérdida de confianza en las instituciones públicas, que, a su vez afecta la certidumbre en la que puede darse tanto la inversión, como la expansión o creación de nuevas empresas.

Al evento, asistieron también representantes del PNUD, UNODC  y OCDE;  así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC); de la Cámara Nacional de Empresas Globales (CNEG);  de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  (CMIC);  de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN); de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE); del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

También de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México); de la American Chamber of Commerce, México; de la Central Ciudadano y Consumidor (CCC); de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE); del Colegio de Arquitectos; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.