El Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, y el Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento de la República Oriental del Uruguay, José Clastornik, suscribieron un Memorándum de Entendimiento en materia de Gobierno Abierto.
Lo anterior, con el propósito de que mediante la cooperación de ambas instituciones, mejore la prestación de los servicios a través de la digitalización y la interacción entre el gobierno y sus ciudadanos sea más eficiente, segura y transparente, facilitando el acceso a la información gubernamental y la rendición de cuentas.
Andrade Martínez destacó que el Gobierno Abierto aprovecha los avances digitales para alentar la participación ciudadana, vinculados con el diseño de mecanismos de transparencia, así como políticas de acceso a la información.
Ambos funcionarios coincidieron en señalar que la implementación del Gobierno Digital, beneficia la competitividad, ayuda a promover el desarrollo económico y el bienestar de las personas.
De esta forma, las áreas de cooperación que abarcará el citado Memorándum incluyen: los marcos institucionales y legales; la planificación y gestión de proyectos; la digitalización de trámites; la optimización de infraestructura, arquitectura y normas, interoperabilidad; soluciones transversales del tipo expediente electrónico o sistemas de gestión administrativa; certificación electrónica; así como la seguridad de la información.
Previamente, Andrade Martínez participó en el encuentro “Cuentas Claras: Gobernabilidad para el Crecimiento con Equidad en América Latina y el Caribe”, organizado por el Banco Mundial, en el que expuso que desde hace tres años en México, a través de un liderazgo efectivo y transformador, se han impulsado 13 reformas estructurales que no se habían podido concretar, lo que limitaba el desarrollo, así como el crecimiento económico.
Manifestó que en una administración moderna hay reguladores, mecanismos de transparencia que obligan a poner la información a disposición de los ciudadanos, y un árbitro que esté a cargo de que ello ocurra.