Ciudad de México, a 28 de mayo de 2018
- Advirtió sobre el riesgo de pensar que el SNA, como instancia coordinadora, no tiene razón de ser o tarda en arrojar resultados concretos.
- La corrupción, dijo, afecta la calidad del quehacer gubernamental, entorpece las políticas de desarrollo y disminuye la confianza ciudadana en el gobierno.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha apostado por la construcción de instrumentos normativos y operativos que fortalezcan una Secretaría capaz, proactiva y comprometida con un México libre de corrupción.
Así lo señaló la titular de la dependencia federal, Arely Gómez González, durante una reunión de trabajo con legisladores integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, del Senado de la República, para presentar un informe sobre las principales acciones de la SFP.
Ante el presidente de la Comisión legislativa, senador Héctor Yunes Landa, apuntó que las acciones inciden directa o indirectamente en la cultura de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y, por ende, al robustecimiento del gobierno abierto y cercano.
Se ha trabajado en favor de un modelo de función pública “que privilegia el escrutinio público y la participación ciudadana informada en los asuntos gubernamentales, en consonancia con el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción”, argumentó.
Arely Gómez reconoció que la corrupción en México constituye una problemática real, grave e inadmisible. Citó datos estadísticos, como los de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en que 91 por ciento de los entrevistados consideraron que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.
La mayoría de estos reportes, agregó, tasan dicho fenómeno a partir de casos mediatizados. “No obstante, la validez de estos informes es incuestionable y deben tomarse como una seria llamada de atención a los gobiernos”, admitió.
Advirtió, sin embargo, que como toda norma, procedimiento o institución, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) requiere de un periodo de adaptación, evaluación y mejora. “Su éxito depende del ímpetu con el que todos sus integrantes nos involucremos en corregirlo y consolidarlo”, expresó.
Como ejemplo, dijo que no ha concluido la transición del régimen administrativo sancionador al nuevo procedimiento de responsabilidades administrativas. Advirtió sobre el riesgo, en la coyuntura electoral, de pensar que el Sistema, como instancia coordinadora no tiene razón de ser o que tarda en arrojar resultados concretos; y ante ello, se pretenda revertir o debilitar su operación; cuando es momento de acelerar la fase de implementación.
Gómez González consideró que la corrupción no puede ser vista meramente como una trasgresión a las leyes en beneficio propio, o como un intento de maximizar las ventajas de cierto cargo, en perjuicio del bienestar colectivo.
Es indispensable rebasar esta definición y observar los daños sociales que produce al contradecir los principios de legalidad, imparcialidad y certidumbre jurídica; fundamentos de cualquier Estado democrático de Derecho. Los efectos de la corrupción, indicó, afectan la calidad del quehacer gubernamental, entorpecen las políticas de desarrollo y disminuyen, inevitablemente, la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
Frente a ese escenario, la Titular de la SFP reportó que se han realizado esfuerzos por hacer más eficiente la operación de los Órganos Internos de Control y apoyar las acciones de auditoría, prevención, investigación y sanción que realizan, como la elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos Tipo.
En 100 de los 213 Órganos Internos de Control del gobierno federal se ha dado un relevo, a fin de adecuar el perfil de los titulares con sus funciones y responsabilidad; además de que la SFP elaboró una Guía para homologar la integración de expedientes del proceso de responsabilidades administrativas, indicó.
Informó a los senadores que el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC), actualizado en noviembre de 2017, es una plataforma que aprovecha tecnologías digitales y potencia la captación de peticiones, quejas o denuncias, relacionadas con deficiencias, anomalías o probables irregularidades cometidas por servidoras y servidores públicos.
“A través del SIDEC, cualquier persona puede dar seguimiento al estatus de las quejas o denuncias presentadas. A la fecha se han recibido más de 48 mil quejas y denuncias, vía este Sistema”, expuso.
Asimismo, reportó acciones relevantes de la SFP como el proyecto para una nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera que responda a las necesidades del SNA; la adquisición de tres laboratorios móviles para verificar la calidad de los materiales de obras públicas; la implementación del Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA) con información detallada sobre procedimientos instaurados a servidores públicos y particulares; y el proyecto para digitalizar trámites y servicios que hoy permite a los mexicanos consultar e imprimir una copia certificada de su acta de nacimiento en línea.
También informó sobre el Grupo de Alto Nivel, formado para dar cumplimiento a los contenidos de las convenciones internacionales anticorrupción de la ONU, la OCDE y la OEA; la implementación de un Protocolo Anticohecho para detectar, perseguir, investigar y sancionar los casos de cohecho internacional, que estará listo en agosto próximo; el trabajo de coordinación a los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas, para que se realicen de manera transparente, homogénea y oportuna; y el cumplimiento a 14 recomendaciones de corto plazo, que permitan la mejora, el rediseño y la actualización del sistema de contrataciones públicas CompraNet.
La Secretaria de la Función Pública reiteró que la SFP seguirá promoviendo que autoridades del Estado cumplan cabalmente con sus responsabilidad en la materia, perfeccionar el SNA e implementar propuestas innovadoras que garanticen su correcto funcionamiento.
Las acciones reportadas fueron emprendidas con un doble propósito, explicó: Por un lado, construir una administración pública moderna, abierta e íntegra, que coadyuve a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas; y por otro, levantar los cimientos que permitan la continuidad de tales acciones.
