Ciudad de México, 5 de febrero de 2018

·                Darán continuidad a la capacitación para beneficiarios de programas sociales que usan recursos federales.

Con el propósito de fortalecer la Contraloría Social con un enfoque en blindaje electoral durante el año 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) capacitará a servidoras y servidores públicos de las contralorías estatales de las entidades federativas de la República Mexicana.

La Contraloría Social es un mecanismo de colaboración ciudadana, que permite a los beneficiarios de los programas sociales monitorear el uso de los recursos y la correcta aplicación de estos programas.

Los beneficiarios de programas federales e integrantes de Comités de Contraloría Social serán capacitados por las contralorías estatales, para captar eventuales quejas y denuncias, así como canalizarlas a las autoridades competentes.

En ese sentido, las contralorías estatales capacitarán a servidores públicos federales, estatales, municipales, beneficiarios de programas sociales, e integrantes de los comités ya constituidos.

También recibirán capacitación para llenar cédulas de resguardo de instalaciones, vehículos y seguimiento a los programas federales de desarrollo social.

Sumado a esto, la SFP ha iniciado la elaboración de materiales de difusión sobre contraloría social con enfoque en blindaje electoral. Las contralorías estatales ayudarán a distribuir estos materiales, podrán diseñar sus propios materiales de difusión, y reportarán los avances en estas actividades.

Las actividades de Contraloría Social, con enfoque en blindaje electoral, están previstas en el Plan Anual de Trabajo 2018, de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), aprobado en su reunión del pasado 25 de enero de 2018.

Dicho Plan de Trabajo plantea establecer acciones conjuntas entre la SFP y las contralorías estatales de las 32 entidades federativas para impulsar acciones de transparencia y combate a la corrupción.

Las acciones de contraloría social son permanentes: en el año 2017, las dependencias del gobierno federal registraron, en el sistema informático correspondiente, alrededor de 130 mil comités de Contraloría Social, constituidos en 35 mil localidades en las 32 entidades federativas.