Palacio Legislativo de San Lázaro.

Muchas gracias, con permiso.

Diputado Rogerio Castro Vázquez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Honorable Cámara de Diputados; diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta misma soberanía; señor Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, señores coordinadores de los respectivos grupos parlamentarios que aquí nos acompañan; secretarios de las comisiones ante las que hoy tengo el honor de comparecer, legisladoras, legisladores, señores servidores públicos, y desde luego, público en general y medios de comunicación.

Expreso a ustedes en primer término, mi gratitud por el honor que representa acudir a esta soberanía para cumplir con el mandato constitucional de informar sobre el desarrollo de la tarea de la Función Pública correspondiente al Tercer año de la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Más honrosa resulta esta oportunidad, en el contexto de una legislatura en la que cada uno de ustedes expresa vivamente la variada pluralidad de la representación mexicana, con más partidos políticos, con candidaturas independientes y fortaleza en los equilibrios de juventud y de equidad y género. Tal expresión democrática de la nación genera en quienes desarrollamos responsabilidades en el Estado mexicano la determinación para construir, a través del diálogo abierto y de contrastes, las nuevas plataformas que permitan hacer frente común y convergente a los pendientes más urgentes de la vida nacional.

Sí, con diferencias; sí, con manifestaciones críticas de oposición y señalamientos; también con manifestaciones de apoyo, pero siempre en esta pluralidad democrática con la aspiración común de dirimir y de reflexionar en torno a una misma agenda que marque el camino a seguir para la construcción de acuerdos.

Con base en esta filosofía acudo a esta Cámara, no solo con la convicción y la responsabilidad de informar sobre los asuntos de decisiones y desempeños concernientes a la Función Pública, sino también con la conciencia de que esta responsabilidad debe contribuir a coordinar y a proponer una agenda concreta de reflexión de temas vinculados con dos asuntos que hoy son de la mayor inquietud nacional; además, son de urgente resolución por parte del Estado mexicano. En primer término, el combate a la corrupción; en segundo lugar, la transición para construir gobiernos abiertos.

Para el análisis institucional prevaleciente de ambos asuntos es pertinente identificar los resultados, pero también los pendientes en cuatro ejes de acción en los que la Secretaría de la Función Pública centra el tratamiento de los asuntos mencionados y además participa de manera activa con su responsabilidad administrativa en su propuesta de solución.

Los cuatro ejes a los que me refiero son: primero, el eje de atención de quejas y responsabilidades públicas; segundo, el eje del régimen de contrataciones públicas: tercero, el eje del ejercicio de seguimiento y control de las administraciones a través de auditorías. Y cuarto, el eje para construir un gobierno cercano y moderno.

Los cuatro ejes de acción que he mencionado son, a mi juicio, referentes útiles y esenciales que permiten de manera simultánea, a la vez de rendir cuentas sobre lo realizado por la Secretaría de la Función Pública, identificar los temas específicos de agenda inmediata de trabajo para que todos en común atengamos los pendientes, pero también las insuficiencias y los retos.

Los cuatro ejes de acción aquí señalados viven un claro periodo de transición política legal e institucional. En términos políticos, vivimos un clima de intenso debate público en torno al combate a la corrupción, en el que está presente la propuesta de todos, pero también circunstancias de desconfianza ciudadana.

En lo legal, ambos temas viven en cambio la transición derivada de la promulgación de dos reformas por parte del Constituyente permanente alrededor de estos temas. La creación del Sistema Nacional de Transparencia y también del Sistema Nacional Anticorrupción. Ambas temáticas inéditas en nuestro marco constitucional reflejan ya una primera voluntad de esta soberanía y, por ende, del Estado mexicano.

En términos institucionales, el propio Constituyente permanente ha ratificado la permanencia de la Secretaría de la Función Pública como actor central en dirimir y en resolver los asuntos concernientes a los temas que he estado mencionando.

Así, hoy la Secretaría de la Función Pública, a través de su estructura con 200 órganos internos de control presentes en toda la Administración Pública Federal, desarrolla su capacidad de trabajo alrededor de los 4 ejes motivos de esta comparecencia.

Abordo entonces, los resultados y pendientes de cada uno de estos ejes. En quejas y responsabilidades, la Secretaría de la Función Pública ha atendido durante el año que se analiza 26 mil 29 quejas y denuncias de los ciudadanos, y ha procedido a sancionar 8 mil 352 servidores públicos, 10 de ellos titulares de entidades paraestatales.

Desde luego, todo ello sostenido en una sola convicción: en estar estrictamente apegados al principio de legalidad. Así ha sido en todos los casos, incluyendo las investigaciones específicas llevadas a cabo en temas sobre conflicto de interés.

De acuerdo con la situación actual, en materia de quejas y responsabilidades nace, en todo caso, una agenda de trabajo para fortalecer la confianza en este aspecto. Debemos fortalecer los sistemas de denuncias para que la estadística de que cada 6 de 10 ciudadanos afirman haber vivido situaciones de corrupción, se refleje al mismo tiempo en las denuncias específicas porque en el sistema de quejas solo una de cada 100 se refiere específicamente a este tema. Esta brecha es necesario resolverla, garantizando mejores condiciones de confianza, transparencia y seguimiento de las propias denuncias.

Como segundo punto, la propia reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción ordena tipificar de manera más precisa aquellas conductas que constituyen actos de corrupción y, al mismo tiempo, hacer una nueva reflexión en torno a los alcances y límites del supuesto del conflicto de interés.

Todo ello requiere a su vez de una reflexión de carácter procesal, particularmente en materia de pruebas, para que los casos no queden ahogados en situaciones de vacío o de impunidad.

La Secretaría de la Función Pública ha impulsado medidas para que los servidores públicos declaren, por primera vez, su posible conflicto de interés y actúen conforme a reglas de integridad bajo las reglas y parámetros de la unidad de ética y prevención de conflictos de interés.

En la dimensión vinculada con las contrataciones públicas, la Administración Pública Federal ha celebrado en promedio 125 mil contratos por un monto de 600 mil millones de pesos anuales, con la participación de 166 mil 834 proveedores y contratistas. Ello refleja la enorme importancia que las contrataciones públicas tienen para la economía nacional. Es por ello indispensable impulsar un régimen robusto de transparencia en dichas transacciones.

La Secretaría de la Función Pública ha fortalecido como nunca antes la modernización continúa del sistema CompraNet, y además, ha puesto empeño en desarrollar regímenes contemporáneos de contrataciones públicas, tales como los contratos-marco, las compras consolidadas o las operaciones subsecuentes de descuentos.

Un mayor impulso a la competencia en las licitaciones se refleja con cinco participantes por licitación. Aquí ha habido esfuerzos de transparencia para poder identificar a los servidores públicos, más de 13 mil, que participan en contrataciones.

No obstante estas tareas, debemos realizar otras acciones para evitar desconfianza y simulaciones. Por tanto, es pertinente ampliar la participación de los testigos sociales, establecer criterios claros en asignaciones indirectas y generar un régimen más expandido de contrataciones abiertas.

En el ámbito legal será tarea fundamental de los legisladores concretar la discusión sobre la Ley de Obras Públicas y abrir simultáneamente la discusión sobre la Ley de Adquisiciones, en particular en lo que se refiere a los puntajes en los concursos de las licitaciones.

En la tercera dimensión de trabajo de la Secretaría de la Función Pública, en materia de control y seguimiento de auditorías, se han llevado a cabo ejercicios cotidianos con más de 2 mil auditorías a 222 instituciones de la Administración Pública Federal.

Las partes más fuertes en materia de auditoría durante la presente administración se han reflejado en el seguimiento a los recursos federales manejados por entidades federativas y municipios, 37 programas y más de 38 mil millones de pesos.

En el tema de auditorías quiero destacar el trabajo de una de las figuras más relevantes en el ámbito de la participación ciudadana, la existencia de las contralorías sociales que con 135 mil personas involucradas en 31 mil 530 comités vigilan el día a día de la aplicación de los 58 programas vinculados con el desarrollo social en 2 mil 161 municipios.

La tarea de auditorías muestra constancias y fortalezas, pero es importante que se armonicen la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción las tareas de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Secretaría de la Función Pública dentro del marco normativo del Sistema Nacional de Anticorrupción.

En la cuarta dimensión, la Secretaría de la Función Pública impulsa un gobierno cercano y moderno, y en este sentido destaca el esfuerzo por desarrollar políticas de gobierno abierto comenzando por la ventanilla única nacional en coordinación con la Presidencia de la República y con la Cofemer se cuenta con una herramienta que concentra en un solo lugar la información de más de 4 mil trámites de los cuales mil 148 tienen ya formatos en línea. Se cuenta además en esta página con sistemas de datos abiertos y de participación ciudadana.

La Secretaría de la Función Pública vigila también de manera diaria el desempeño de más de 300 instituciones del gobierno federal y por supuesto el desarrollo humano de más de un millón 600 mil servidores públicos que integran la Administración Pública Federal. En esta tarea, en el último de estos ejes es importante revisar la Ley del Servicio Profesional de Carrera para desarrollar los mejores talentos en el servicio público.

Es tarea cotidiana además llevar una política transversal, para aterrizar el Sistema Nacional de Transparencia en la Administración Pública Federal.

Ha sido tarea también de la Secretaría de la Función Pública vincular la parte global con la parte local. En ese sentido se ha impulsado una agenda común con un eje claro de temáticas, para desarrollar en entidades federativas y municipios sobre combate a la corrupción.

Honorable asamblea, en la rendición de cuentas del contexto exigente de hoy, es insuficiente limitarse al repaso de cifras o de recuentos. Hoy, en el contexto de una sociedad abierta y cambiante de muy variada pluralidad es deber de nosotros los servidores públicos actuar con la apertura, para proponer debates, para escucharlos, para alinear agendas y coordinar reflexiones y ponderar con la experiencia del ejercicio del cargo los resultados, pero también las insuficiencias y asimismo las potencialidades.

Hoy, la función pública es un tema de agenda que transita entre controversias, pero también con diversos cambios y definiciones institucionales...

En ese sentido, reconozco el ejercicio plural, abierto y sincero que esta representación nacional viene ejerciendo día a día y por ende con toda honra expreso mi gratitud por esta oportunidad.

Estoy, desde luego, a sus órdenes.

Muchas gracias.