Ciudad de México, a 2 de junio de 2021.

  • La titular de la Función Pública representa al Estado mexicano en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNGASS 2021).
  • Ante jefes de Estado y líderes mundiales, señala que México se adhiere y promueve el intercambio de las mejores prácticas internacionales para combatir dicho flagelo.
  • “La corrupción no puede combatirse sólo en el ámbito nacional”, asevera.

En representación del Estado mexicano en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros reconoció que la corrupción no puede combatirse sólo en el ámbito nacional, por ello México se adhiere a las mejores prácticas internacionales, y promueve el intercambio de experiencias en todos los foros globales en la materia.

Al participar en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNGASS 2021), que tiene como propósito impulsar la voluntad política de los gobiernos y la comunidad internacional para avanzar en la lucha contra dicho flagelo, la titular de la Función Pública aseveró que la corrupción es un fenómeno político, que se alimenta del abuso de poder, de la impunidad y de la falta de voz ciudadana en los asuntos públicos.

Ante jefes de Estado y líderes internacionales, indicó que para el Gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la única manera de lograr la transformación política es erradicando la corrupción de la vida pública, para lo que se han implementado proyectos transformadores para impulsar la ciudadanización del combate a la misma.

Como parte del intercambio de experiencias y buenas prácticas, expuso que entre los principales trabajos destacan la democratización de las tecnologías, la transparencia total de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, la eliminación del fuero para el Presidente de la República, el impulso de licitaciones consolidadas, la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana y el relanzamiento del servicio civil de carrera con perspectiva de género.

Asimismo, manifestó que se impulsó el programa de protección y auspicio de los alertadores internos y externos de la corrupción, se eliminaron las partidas presupuestales secretas, así como los fondos y fideicomisos sin rendición de cuentas, se implementó un padrón de integridad empresarial y ahora ya se castigan los conflictos de interés e inhabilitan a licitantes y contratistas que abusan del interés público.

La secretaria Sandoval Ballesteros expuso que la política anticorrupción está dando frutos, ya que de acuerdo con estudios internacionales, en 2019 México dio un salto en la confianza ciudadana, al pasar de 24% a 61% en la proporción de mexicanos que valora positivamente la estrategia anticorrupción de su gobierno.

Expuso que México también redujo sus indicadores de corrupción en los servicios y trámites administrativos. “Pasamos de de un 51% de ciudadanos que experimentaron sobornos en 2017 a un 34% en 2019; y en los dos primeros años de nuestro gobierno México avanzó 14 posiciones en la mejora del Índice Global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que contrasta con la franca caída de seis puntos y 33 lugares registrados en este mismo indicador entre 2012 y 2018”.

Subrayó que para México el interés público es el que debe regir sobre absolutamente cualquier interés privado, por más legítimo que éste sea.

“Refrendo ante esta Asamblea General que en México se construye una nueva ética de trabajo, para conseguir entre todos un mundo libre de corrupción, con mayor desarrollo sostenible y sustentable, y con justicia social que todos nos merecemos”, puntualizó la secretaria Sandoval Ballesteros.

En 2003, la Asamblea General adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Sesión Especial busca impulsar voluntad política de gobiernos y de la comunidad internacional en su conjunto para avanzar en la lucha contra ese flagelo.

Esta información es de carácter público para fines meramente informativos, en estricto cumplimiento a lo expuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social.

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