Ciudad de México, a 18 de junio de 2021.

  • Dicta la ponencia “La transformación del servicio público en México”, como parte de la Maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional.
  • “Transformamos la Función Pública para encabezar una lucha por la integridad y la moralización del servicio público”, asevera.
  • “Tenemos la obligación de transformarnos para responder a las legítimas demandas de la ciudadanía”, enfatiza.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros afirmó que el servicio público no puede ser ajeno a la Cuarta Transformación institucional que vive México, “al contrario, tenemos la convicción de que transformando los procesos administrativos y sus bases éticas podremos consolidar la recuperación de lo público”.

Al impartir la ponencia “La transformación del servicio público en México”, en el marco de la Maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional, la secretaria Sandoval Ballesteros expuso la visión, acciones y resultados de la Función Pública, como parte de un panorama global de esta nueva etapa en la lucha contra la corrupción estructural.

“Los gobiernos tenemos la responsabilidad de empujar el nuevo alumbramiento, y no hay mejor forma que con el ejemplo. Tenemos la obligación de transformarnos para responder a las legítimas demandas de la ciudadanía”, enfatizó ante altos mandos de las Fuerzas Armadas y personas servidoras públicas de alto nivel.

“El distintivo de nuestro gobierno es el retornar a lo público y al poder del Estado, de los gobiernos, para empujar el cambio, sin imponer nada. Transformamos la Función Pública para encabezar una lucha por la integridad y la moralización del servicio público, y mantenemos la sana distancia entre los intereses políticos y los económicos”, aseveró.

Señaló que el mejor antídoto para combatir el flagelo de la corrupción es el fortalecimiento institucional, “y lo hemos abordado con normas nuevas y novedosas, como las reformas legislativas para poner fin a la condonación de impuestos, la eliminación del fuero presidencial, el aumento de las sanciones por fraude y delitos fiscales, el establecimiento de la corrupción como delito grave y, por supuesto, la expedición de la Ley Federal de Austeridad Republicana”.

Y como resultado de las políticas anticorrupción “este año mejoramos 37 puntos porcentuales en la confianza de los ciudadanos, y nos ubicamos como el país de América Latina con la mejor evaluación de su desempeño. La percepción de corrupción en el gobierno federal bajó de 86.5% a 66.2%, y la confianza se duplicó, al pasar de 25.5% a 51.2%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI”, explicó.

Por otra parte, en cuanto a reformas organizacionales, dijo que éstas se enmarcan en la planeación de auditorías gubernamentales con una visión diferente; “no es auditar por auditar, se trata de saber dónde se tienen necesidades, para implementar fiscalización inmediata”, señaló.

Añadió que se han realizado casi 5 mil auditorías preventivas, más de 4 mil acciones de fiscalización, y se recuperaron más de 9 mil millones de pesos con las entidades federativas. También, se redujeron los gabinetes de apoyo y eliminaron miles de direcciones generales adjuntas, lo que generó ahorros por más de 5 mil millones de pesos. Además, el 100% del gabinete legal y ampliado hizo pública su declaración patrimonial.

Resaltó que la Función Pública es el ente fiscalizador más grande de México, “porque tenemos un despliegue completo a través de los Órganos Internos de Control, que son una especie de células madre de acción inmediata para llevar a buen puerto las estrategias de control y vigilancia”.

La secretaria Sandoval Ballesteros expuso que la tecnología es una herramienta importante en las distintas estrategias anticorrupción, y muestra de ello es el portal de Nómina Transparente, mediante el cual se transparentan los ingresos brutos y netos de todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF).

Además, se crearon mecanismos ciudadanos para combatir la corrupción, como las contralorías sociales, el Programa de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. “Se trata de construir ecosistemas nuevos de vigilancia y control sin que sean impositivos, con respeto a los derechos sociales y humanos”, afirmó.

Agregó que en la nueva ética pública se lanzó el Padrón de Integridad Empresarial en donde “se trata de sumar esfuerzos con empresarios honestos, probos, cumplidores. Estas acciones en conjunto generan una nueva realidad en la estrategia y le dan un sentido de integralidad al combate a la corrupción”.

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