• La secretaria Irma Eréndira Sandoval celebró la emisión en el Diario Oficial de la Federación del Programa Sectorial para todo el sexenio.
  • El programa concibe por primera vez a la corrupción como un problema que surge de la diferencia estructural de poder.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros se congratuló por la emisión del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024 del Gobierno de México, el cual incorpora los ejes fundamentales para el relanzamiento de la dependencia, con la finalidad de erradicar la corrupción y la impunidad, así como mejorar la gestión pública, propósitos esenciales de la Cuarta Transformación.

Los ejes en los que la secretaria Sandoval Ballesteros sustentó el relanzamiento son: 1) Ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad; 2) Democratización de las tecnologías; 3) Protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción; 4) Relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera, y 5) Austeridad republicana, fiscalización y evaluación de la gestión pública.

La titular de la Función Pública subrayó que el Programa Sectorial, publicado esta mañana por el Presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595678&fecha=26/06/2020), “concreta el mandato de un cambio de rumbo expresado por la ciudadanía para terminar con la simulación que prevalecía en el combate a la corrupción y a la impunidad, pero que no tenía acciones y sanciones reales contra quienes abusaban de su posición para beneficiar a unos cuantos”.

Con esa nueva perspectiva, se concibe a la corrupción como una práctica que constituye una forma de dominación que tiene que ver con un diferencial de poder estructural.

La secretaria Sandoval Ballesteros se ha comprometido a que la Función Pública contribuya a alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, diseñado para consolidar un gobierno basado en la honradez y la honestidad.

El Programa Sectorial tiene seis objetivos prioritarios: el primero es combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal (APF), mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades administrativas asociadas con conductas ilícitas.

El segundo es combatir, desde el ámbito administrativo, la impunidad en el servicio público; el tercero, fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control de la Función Pública.

El cuarto objetivo prioritario es fortalecer la transparencia y el Gobierno Abierto, así como impulsar, con instancias públicas nacionales e internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional; el quinto, promover la profesionalización de los servidores públicos, así como aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la APF con base en criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.

El sexto objetivo prioritario es facilitar la participación ciudadana en los procesos de vigilancia, vinculación social y empresarial, recepción de denuncias y alertas de corrupción, atención a víctimas, y defensoría en procedimientos de responsabilidades de funcionarios federales.

Para el logro de estos objetivos se establecieron 33 estrategias prioritarias y 170 acciones puntuales, que detallan las intervenciones de política pública que serán emprendidas por la Función Pública.

La secretaria Sandoval Ballesteros resaltó que, conforme a los ejes de su relanzamiento en este gobierno, la Función Pública puso en marcha desde 2019 el Programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y el Padrón de Integridad Empresarial, y emitió el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. Además, implementó una nueva arquitectura de fiscalización, relanzó el Servicio Profesional de Carrera con una perspectiva de género, e impulsó la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Con el Programa Sectorial, la Función Pública no sólo fortalece el combate a la corrupción y la impunidad, sino que abre canales para la evaluación y el diálogo con la población a través de consultas, plataformas, foros sociales y tecnologías informáticas para afianzar la transparencia y la rendición de cuentas.

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