El combate a la corrupción es una natural demanda ciudadana y un reto impostergable para las instituciones gubernamentales. Se traduce en un objetivo preciso: consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno. Ningún Estado puede estar satisfecho de cumplir los principios de justicia y equidad que dan sustento al pacto social si no se caracteriza por su ética. 

El recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ofrece una plataforma normativa sólida para definir y coordinar acciones precisas, en todos los ámbitos y niveles de gobierno, lo que permitirá fortalecer la confianza de los ciudadanos en torno a sus instituciones.

A la par de la construcción de la legitimidad de las instituciones electorales y la certidumbre en la efectividad del sufragio, la agenda pública y de gobierno se ha dirigido a atender las condiciones de bienestar para la población (seguridad, economía, educación o salud), demandas que generaron en los últimos cuatro años Reformas Estructurales impulsadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

En este contexto, cobró un impulso prioritario el combate a la corrupción, tema que si bien ya estaba presente en la agenda nacional, sumó a él la necesidad de contar en su diseño con la supervisión ciudadana sobre la acción gubernamental. Su debate se ha caracterizado entonces a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto.

La capacidad del Estado de derecho de enfrentar adecuadamente el fenómeno de la corrupción conlleva la definición de su trayecto democratizador. En ella se conjugan tres demandas: 1) por resultados; 2) por transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas; y 3) por la integridad y la legalidad en las instituciones de gobierno y en sus estructuras profesionales.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, he cumplido con el compromiso realizado ante la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, al presentar durante los primeros 30 días hábiles de haber sido ratificada como secretaria de la Función Pública, un plan de trabajo, el cual señala las acciones concretas y los ejes que guiarán mi gestión.

Debo referir que para trazar una ruta de acción adecuada, fue necesario comprender la naturaleza de las exigencias ciudadanas y la relación del gobierno con la sociedad en el amplio contexto de democratización que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, el cual contiene una deuda histórica de afianzamiento definitivo al combate a la corrupción.

La ruta y el objetivo que orientará a la Secretaría de la Función Pública durante los próximos dos años será consolidar un gobierno moderno que garantiza la eficacia y la eficiencia de las instituciones, un gobierno abierto que diseña, implementa y evalúa sus acciones de la mano de la sociedad, y un gobierno íntegro en el que los servidores públicos trabajan siempre dentro de la legalidad y una ética pública ejemplar.

Estos tres ejes articulan una estrategia integral para hacer frente eficaz a la corrupción. Responde a las tres características fundamentales de este flagelo social: 1) el uso inadecuado de los recursos y la falta de resultados; 2) la opacidad y la necesidad de mecanismos de participación ciudadana; así como 3) la ilegalidad en el actuar de algunos servidores públicos.

Estoy convencida de que los mexicanos tendremos buenos resultados en el combate a la corrupción. Contamos con un robusto marco normativo y el compromiso total de autoridades y sociedad de desterrar la corrupción y la impunidad. Desde mi responsabilidad como titular de la Secretaría de la Función Pública reitero mi voluntad por desarrollar una gestión moderna, abierta e íntegra que ponga en el centro de su actuar a los ciudadanos y su bienestar.

Texto publicado el 9 de diciembre en el periódico Excélsior