Al entrar en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, reafirmó el compromiso de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues se trata de un mecanismo cuyo propósito es reforzar al Estado, basado en una relación de sólida confianza de la ciudadanía frente a su gobierno.
Conminó a los servidores públicos de la institución a redoblar esfuerzos para promover acciones preventivas, con el objetivo de inhibir eficazmente la corrupción; y realizar acciones de seguimiento, evaluación y diagnóstico, que permitan dar soluciones, en tiempo real, a los retos que presenten en la implementación de este nuevo marco normativo.
Les pidió ser ejemplo de legalidad, eficiencia y honradez en toda la Administración Pública Federal (APF), y enfatizó que la SFP es un pilar fundamentales del SNA. Precisó que un primer reto que deberá asumir la Secretaría es promover una cultura de integridad en el servicio público.
Al referirse al plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las legislaturas locales expidieran las leyes e hicieran adecuaciones normativas para dar vida sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción, hizo un llamado a los congresos locales para finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, a fin de dar un paso decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país. Ante ello, dio instrucciones a todas las áreas de la Secretaría para continuar con el apoyo y asesoría técnica a los estados que así lo soliciten.
Ante los Subsecretarios, Coordinadores, Titulares de Unidad, Comisarios y Directores, así como Titulares de Órganos Internos de Control y el Oficial Mayor de la SFP, indicó que la dependencia a su cargo está preparada para la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se ajusta a la realidad que se vive, así como a los objetivos y arquitectura del SNA.
Dijo que se debe trabajar en la difusión, concientización y apropiación de esta ley, y garantizar la continuidad y mejora de los mecanismos de auditoría y control, de sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación, así como de investigación y seguimiento a los casos de faltas administrativas. Además, estableció que uno de los elementos fundamentales que incluye la Ley General de Responsabilidad Administrativas es la prevención.
Arely Gómez manifestó que, a cien días de la creación de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es garantizar la debida implementación, coordinación y seguimiento de las políticas establecidas en el marco de este mecanismo, se han logrado resultados tangibles y se ha preparado el escenario para una participación protagónica de la Secretaría en el Comité Coordinador.
Dijo que la dependencia a su cargo, como ninguna otra, trasciende e impacta de manera directa y transversal a todas las dependencias del Gobierno Federal y a través de ellas fortalece la legitimidad de las instituciones, salvaguarda la democracia, consolida la confianza de la ciudadanía en su gobierno, e impulsa el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad.
“Se trata de un voto de confianza en cada una y cada uno de nosotros por parte del Presidente Enrique Peña Nieto, del Poder Legislativo, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos los días con nosotros, y finalmente, un voto de confianza de la ciudadanía”, apuntó la Titular de la SFP.
En su mensaje, subrayó que la sociedad civil confió en las instituciones públicas al participar en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, al establecer un diálogo abierto e incluyente, de respeto, propositivo y constructivo; y a la fecha se puede decir que sigue confiando en la vía institucional, como lo deja claro la labor comprometida y corresponsable del Comité de Participación Ciudadana dentro del SNA.
Señaló que la confianza ciudadana se está fortaleciendo a través de tres objetivos prioritarios: la consolidación de un gobierno moderno, el impulso al gobierno abierto y la garantía de integridad en la acción gubernamental, todo ello enmarcado en el combate a la corrupción como principal asignatura.