Bajo esta lógica, las acciones que buscan consolidar una cultura de apego a la legalidad y a promover la integridad no solo al interior del sector público, sino también en los diversos sectores de la sociedad, son medidas indispensables que tienen como propósito prevenir la corrupción.

En este sentido, para que tales acciones sean eficaces y logren un impacto significativo, es necesario orientarlas a una transformación cultural en la que los individuos no solo se conduzcan con respeto al Estado de derecho por convicción, sino también, que sean conscientes de la importancia de rechazar y sancionar socialmente la ilegalidad, demandando cada vez más, una actuación ejemplar por parte de todos los miembros de su comunidad.

Dicho cambio cultural demanda corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, y significa un proceso de largo plazo en el que propiciar la reflexión, sensibilización y orientación sobre el fortalecimiento de una cultura de apego a la legalidad e integridad, serán la piedra angular para la consolidación de un Estado democrático.

En la presente sección se explican diversas acciones impulsadas por la Secretaría de la Función Pública para reiterar la importancia de estos temas tanto en el ejercicio del servicio público, como en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Marco de referencia

CULTURA DE LA LEGALIDAD E INTEGRIDAD

La corrupción es un fenómeno cotidiano con consecuencias altamente negativas en todos los terrenos. En lo político, erosiona la confianza de las personas en las instituciones, desgastando la relación de confianza necesaria entre el ciudadano y sus representantes; mientras que en lo económico, la corrupción provoca distorsiones en los mercados, desalienta la inversión y aumenta los riesgos y los costos de la actividad económica.

Sin embargo, los peores daños de la corrupción penetran en la esfera social y cultural. Este flagelo y su ética de individualismo socavan todo espacio para la consolidación de sociedades democráticas, abiertas y solidarias, en donde la paz social sea la sumatoria del bienestar de cada uno de sus ciudadanos dentro de un marco de reglas que garantice a todos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades.

Prevenir la corrupción demanda corresponsabilidad, tanto por los servidores públicos como por los distintos sectores que integran una sociedad. En este sentido, cuando la educación cívica y el aprecio al Estado de derecho se combinan con una efectiva procuración de justicia, se puede reducir considerablemente la delincuencia y la corrupción.

Con relación al sector público, si bien en México existe un marco normativo que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado grandes avances en su implementación, hoy día es necesario continuar redoblando esfuerzos para fortalecer la ética pública y reducir los espacios a la corrupción dentro del ámbito gubernamental, impulsando medidas de autorregulación y una mayor concientización del respeto hacia lo público.

Por su parte, es evidente que la corrupción no se limita a la esfera gubernamental ni a la relación público-privada (tradicionalmente durante las interacción en materia de adquisiciones, compras o contrataciones públicas), obedece a una serie de actitudes e incentivos negativos que también subsisten en el ámbito privado, y puede ser tanto al interior de una empresa, como en su relación con otras e incluso en las relaciones interpersonales de los individuos.

Por lo anterior, en respuesta a la demanda ciudadana, en cumplimiento a nuestra legislación nacional, en seguimiento a los compromisos internacionales, y en atención al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, resulta indispensable implementar acciones a favor de la Cultura de la Legalidad e Integridad que permitan construir una mayor confianza en las instituciones y entre mexicanos.

Marco normativo


  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 113).
    Consultar texto. 
  • Compromisos internacionales anticorrupción: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anticohecho de la OCDE).
    Consultar texto. 
  • Ley Federal Anticorrupción Contrataciones Públicas.
    Consultar texto. 
  • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Título IV).
    Consultar texto. 
  • Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
    Consultar texto. 
  • Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Estrategia Transversal para el Desarrollo Nacional: Gobierno Cercano y Moderno).
    Consultar texto. 
  • Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (Objetivo 1).
    Consultar texto. 
  • Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.
    Consultar texto.

Proyectos