La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que el día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que regulan el subsidio para la seguridad pública de los municipios, cuyos recursos ascienden a 3 mil 930 millones 824 mil 98 pesos. El objetivo de este recurso es apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales, así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, y la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los municipios (y alcaldías, en el caso de la Ciudad de México). Ello, en alineación con los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En este año se considera un universo de 252 municipios que serán beneficiarios del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública de los Municipios (FORTASEG). La selección de estos municipios (y alcaldías) se hizo con base en criterios que consideran la población, la ubicación en zonas fronterizas y puertos marítimos, la relevancia turística y la alta atestiguación de conductas antisociales. La fórmula de elegibilidad y distribución de estos recursos, así como la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio, fue desarrollada, en acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que se encargará de evaluar el impacto de la aplicación de estos recursos en la evolución de la incidencia y prevalencia delictiva en cada caso. Esta información se incluirá en posteriores ejercicios para tomarse en cuenta en futuras asignaciones. En esta ocasión, para la dispersión de los recursos, a diferencia de años anteriores, en que el destino de los mismos estaba establecido previamente por la autoridad federal, el Secretariado Ejecutivo del SNSP dialogará con cada uno de los municipios o alcaldías beneficiarios del fondo, a partir de proyectos de inversión que se propondrán en cada caso, a fin de optimizar el destino y uso de los recursos para la seguridad pública. Ello permitirá considerar las necesidades específicas de cada localidad, para atender sus problemáticas particulares. La aplicación de estos recursos será sometida a un ejercicio de fiscalización sin precedentes en este ámbito, ya que participarán directamente la Auditoría Superior de la Federación, así como la Secretaría de la Función Pública, instituciones que tendrán un papel preponderante en la articulación de una estrategia que garantice la transparencia plena en esta materia, y que se constituya en el nuevo estándar para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Estos esfuerzos serán acompañados también por Transparencia Mexicana y diversas organizaciones de la sociedad civil.