En nuestro país no ha existido ningún Registro Público Vehicular cuyo objetivo sea la seguridad pública y jurídica tan demandada por nuestra sociedad. El objetivo del Registro Federal de Vehículos de 1977, era establecer sólo un control fiscal.

El Registro Nacional de Vehículos del 2 de junio de 1998, era un registro mercantil alejado del objetivo esencial de servicio público que sólo buscaba combatir la inseguridad jurídica en operaciones comerciales, además de que lo operaba una concesión otorgada a un particular.

Es así que, el 1º de septiembre de 2004, se publicó la Ley del Registro Público Vehicular, misma que entró en vigor a partir del día 2 de septiembre del mismo año. De la misma manera el 5 de diciembre del 2007 se publicó el Reglamento de ésta Ley a fin de ponerla en operación a partir del 4 de marzo del 2008. El día 3 de marzo se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación los Procedimientos de Operación para sujetos Obligados que establece el Reglamento.

¿Qué es el Registro Público Vehicular?

El Registro Público Vehicular (REPUVE) es una Dirección General que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de lo dispuesto por la fracción X, del artículo 6 y 24 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulan en el territorio nacional mediante la identificación vehicular. El REPUVE tiene atribuciones para dictar actos administrativos y dictar e imponer sanciones conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley Federal del Registro Público Vehicular, el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento de la Ley Federal del Registro Público Vehicular.

Principales beneficios

  • Fortalecer la seguridad pública y jurídica: La mayor parte de los delitos cometidos en el país están relacionados de alguna manera con vehículos.
  • Proveer a la ciudadanía de certeza jurídica sobre la propiedad de un vehículo.
  • Proporcionar un instrumento de información que les permita a los diferentes Sujetos Obligados, tomar sus decisiones sobre una base más certera al momento de realizar sus operaciones con respecto a los vehículos.