Ciudadano Presidente de la República

Ciudadanos presidentes de las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Señor presidente y señores integrantes del Consejo Rector del Pacto por México.

Ciudadano presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Señores coordinadores parlamentarios.

Señores secretarios de Educación Pública del país.

Señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y señora Directora del Instituto Politécnico Nacional.

Señores presidentes de los partidos políticos nacionales.

Señoras y señores.

La educación, decía Pablo Latapí, es un derecho clave. No se pueden ejercer ninguno de los otros derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación. Así lo hemos entendido siempre los mexicanos.

La preocupación por el tema educativo tuvo ya sus primeros barruntos en el Congreso de Anáhuac que, por cierto, este año cumple 200 de haber sido convocado e inaugurado por José María Morelos y Pavón.

Sin embargo, correspondió a la generación de los liberales consolidar el avance más significativo en nuestra concepción educativa. Fueron ellos los que establecieron la gratuidad, la obligatoriedad y el laicismo en las escuelas públicas, principios a los que nunca vamos a renunciar.

En 1857, se incluyó por primera vez en la Constitución dentro del título de los Derechos del Hombre, un artículo dedicado específicamente a la educación. Consecuente con esta declaración normativa, el Presidente Juárez escribiría luego: "la educación Pública es el fundamento de la felicidad social, el principio en el que descansan la libertad y el entendimiento de los pueblos".

En las precarias condiciones de una nación que invirtió su primer siglo de vida en la defensa y afirmación de la soberanía, quedó plasmada la convicción de que la educación es la piedra angular del pueblo mexicano.

Esa conciencia nacional explica la pasión con la que el Congreso Constituyente de 1917 abordó y discutió los alcances que debería tener la función educativa, ratificando la concepción liberal y ampliando su alcance social.

Más recientemente, en 1993 y en 2012, se han dado otros pasos trascendentes desde su nacimiento, pues se ha establecido en nuestra Carta Magna el derecho de todo individuo a recibir una instrucción básica y la obligación del Estado a impartir educación desde los niveles de prescolar, primaria y secundaria, hasta recientemente el de media superior.

En esta dinámica de continuidad, la generación actual sienta las bases para entregar un país más justo a sus hijos, convencida de que la educación es el instrumento más igualitario y de mayor cohesión que tiene cualquier democracia en su mano.

Señoras y señores:

Hoy culmina un proceso de Reforma Constitucional en materia Educativa, gracias a la iniciativa del Presidente Enrique Peña y de la voluntad política demostrada por los firmantes del Pacto por México.

La reforma que hoy se promulga hará posible lograr una educación de calidad. Educar con calidad no es pensar en abstracto, la educación debe dar puntual respuesta a las necesidades concretas del país, necesidades que se atienden con la formación de competencias específicas y habilidades técnicas.

Por eso la reforma establece mecanismos para la evaluación educativa, ello nos permitirá conocer mejor las fallas, las carencias y las fortalezas del sistema educativo, para que con base en ese diagnóstico las autoridades podamos articular soluciones urgentes y eficaces para que la educación mejore en su calidad.

Por otra parte, los cambios constitucionales establecen un sistema profesional con incentivos y mejores procesos de capacitación a favor de los maestros, ellos son los protagonistas del proceso educativo y es obligación del Estado darles certeza en su ingreso, certeza en su permanencia y certeza en la promoción del servicio. El Sistema Profesional Docente permitirá a alumnos y a padres de familia tener la confianza de que con mejores maestros habrá una mejor educación.

A pesar de ello, contra la reforma se han propalado rumores falsos que se acompañan por la ignorancia, cuando no por la mala fe, se dice que gracias a la reforma la escuela dejará de ser gratuita y que por virtud de ella se sacrificarán derechos adquiridos de los profesores.

Aquí, en el centro de la República, en la sede del Poder Ejecutivo Federal, afirmamos: nada es más falso, frente a los vientos y de la calidad que inspira a la reforma, hay quienes izan, por intereses particulares, las banderas de la confusión. Que les quede claro, ha sido el poder Constituyente de la Unión el que ha dado el paso, no hay marcha atrás, la reforma se hará en favor de los maestros, de los niños, de los padres de familia y de la Patria toda.

Lo decía Vasconcelos: "es legítimamente maestro el que trata de aprender y se empeña en mejorarse a sí mismo".

Para la reglamentación legal de la reforma, la autoridad escuchará a todos, a todos los individuos y a la sociedad involucrada en ella, no solo a un grupo ni a una persona. Torres Bodet, con razón, advertía: "los talleres en los que se forma el alma del pueblo, son los hogares y son las escuelas".

Pero también predicaba: "toda reforma pedagógica demanda tiempo, humildad, paciencia y voluntad general de cooperación".

Estamos en tiempo, vamos a perseverar y a seguir convocando a todos para que la autoridad siga siendo la rectora en materia educativa y que esa rectoría ni se traicione, ni se empantane, ni sea motivo de chantaje, ni mucho menos, como como ha sido, de frivolidad.

México se mueve con el Presidente Peña Nieto por una educación que promueve la inclusión, la tolerancia y la paz.

Muchas gracias.