Presentador: Queda en uso de la palabra el Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor.

Lic. Emilio Chuayffet Chemor: Ciudadano Presidente de la República.

Ciudadanos presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Distinguidos integrantes del presídium.

Señoras y señores:

Esta semana, el sábado, se cumplen 200 años de que Morelos en sus sentimientos de la Nación reclamara educación para todos los mexicanos. Qué mejor manera de conmemorar este acontecimiento que con la promulgación de las reformas legales en materia educativa, las cuales nos ponen en el camino de hacer efectivo el anhelo del gran prócer insurgente.

Fue don Valentín Gómez Farías el que en 1833 iniciara la primera gran reforma a la educación, la cual creó una escuela laica, pública y, sobre todo, de vanguardia para los tiempos en los que todavía dominaba la tradición lancasteriana que nos venía de la colonia.

Posteriormente Benito Juárez determinó que la instrucción era la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro para hacer imposibles los abusos del poder. Todavía hoy recordamos su ley de 1861, para la instrucción pública en el Distrito Federal, en la que señalaba que la educación básica debía sustentarse en cuatro asignaturas: el español, la matemática, la historia y la música.

Al término de la Revolución de 1917 sacudió a México un poderoso impulso y emprendimos con peculiar intensidad y singular eficacia una tarea de reconstrucción educativa, constituyendo el comienzo de acciones que no tenían precedente dentro de nuestra tradición académica y pedagógica.

La de México ha sido, pues, una auténtica hazaña educativa; sin embargo, a pesar de los avances registrados en cobertura y el valioso aporte del Magisterio nacional, nuestro país enfrenta graves rezagos, cuya atención no puede ser aplazado.

Para hacer frente a esta deuda histórica y para reafirmar el valor de la educación como un derecho superior de los niños, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, lanzaron una reforma que establece que la educación debe fincarse en dos pilares: Calidad y equidad.

Para materializar el espíritu de la Carta Magna resultaba necesario elaborar dos nuevos instrumentos normativos: La Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, así como realizar los cambios correspondientes en la Ley General de Educación.

Tras el trabajo responsable, creativo, oportuno de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, acompañados del Pacto por México, hoy el Presidente de los mexicanos promulga las nuevas leyes y las reformas a la Ley General de Educación.

Gracias al ánimo constructivo de todos, el proceso legislativo se completó en tiempo y bien.

Por primera vez, por primera vez en México la educación de calidad con equidad es una meta constitucional explícita. Calidad no es pensar en abstracto, es hacer efectivo que los alumnos tengan mejores maestros, que estén más tiempo en los planteles para que su formación sea más completa, que tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos, que cuenten con mejores libros de texto y materiales educativos y que sus escuelas tengan instalaciones adecuadas y en buen estado.

El maestro es el determinante más importante que incide sobre el logro académico de los alumnos, por esta razón y gracias a la reforma promovida por el Presidente, la educación de nuestros escolares estará en manos de aquellos que demuestren ser los mejores para enseñar.

Es momento de volver abrir el camino a los grandes educadores de México, sólo a través de la evaluación podremos acentuar las fortalezas y remediar las debilidades de nuestros docentes y del sistema educativo nacional en su conjunto.

Y lo hemos dicho, educar no es hacer un examen, es todo un proceso que debe tomar en cuenta el contexto y las circunstancias específicas de cada maestro.

Al recuperar la rectoría y la función reguladora que le corresponde, el estado mexicano asegurará y acelerará el cambio educativo.

La promulgación de estas leyes no es pues un acto protocolario, es la confirmación del compromiso del Presidente de la República en el sentido de que la reforma es una tarea esencial para su gobierno y para el Estado mexicano.

A partir de ahora, contamos con instrumentos que nos permitirán la transformación dinámica y constante del sistema educativo, al instaurar a la evaluación como uno de sus pilares, podremos identificar de manera periódica, ordenada y precisa cuáles son nuestras flaquezas, manteniendo siempre un ánimo de mejoramiento profesional.

También la solidez de nuestros planes y programas, garantizará que podamos contar con una adecuada inversión que no estará sujeta a cambios de gobierno, sino en la información que nos provean instrumentos objetivos y transparentes.

Con la reforma educativa, sembramos una semilla que debemos cultivar con la acción diaria, para que en unos años contemos con la sombra y los frutos de un desarrollo nacional fincado en el conocimiento.

La promulgación de estas normas es apenas el inicio, insisto, es apenas el inicio del camino para hacer de la educación el motor de nuestro progreso.

Estamos en la ruta correcta que señaló el Presidente para hacer frente al lamentable rezago educativo del país.

La próxima entrada en vigor de estas disposiciones, nos permiten mirar el futuro con certeza, con entusiasmo, pues alcanzar el país que queremos, gracias a la educación no es una quimera, sino una posibilidad que tenemos a la vista.

Don Jaime Torres Bodet decía que México es la patria en obra, una patria que se hace a diario, con el quehacer colectivo y cotidiano, y que reclama de cada uno de nosotros voluntad para resolver nuestros propios problemas y de todos convicción para hacerlo juntos.

Muchas gracias.