Con los certificados de infraestructura educativa se mejorarán las condiciones de más de 33 mil escuelas, en las que hay 5.2 millones de alumnos –más de 1.7 millones en comunidades indígenas-, en 2 mil 11 municipios.

La estimación de recursos potenciados es de 49 mil 519 millones de pesos, que se distribuirán de la siguiente manera: Educación Básica, 31 mil 646 millones de pesos (mdp); Educación Superior, 15 mil 573 mdp, y Educación Media Superior 2 mil 300 mdp.

Los certificados son un instrumento financiero que permitirá multiplicar en los próximos tres años, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de las entidades federativas que se sumen al programa, hasta por un monto de 50 mil millones de pesos.

Como mecanismo bursátil, los certificados tienen obligaciones de transparencia que el mercado impone, por lo que la estructura financiera cuenta con las obligaciones de revelación de información de cualquier producto colocado a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

La estructura cuenta con diversos candados y contrapesos en la disposición de los recursos, para garantizar que se ejecuten la cartera de proyectos preestablecidos. Cabe destacar que los pagos se realizan directamente desde el esquema financiero sin pasar por otros intermediarios.

Además, se contemplan mecanismos de reporteo y seguimiento periódico para informar sobre avances del programa a las entidades federativas, la Secretaría de Educación Pública, los inversionistas y el público en general.

El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) supervisará la ejecución y construcción, y dará seguimiento a la puesta en marcha de cada uno de los proyectos; brindará apoyo y capacitación al personal que designen lo organismos estatales responsables; elaborará reglas de operación, y emitirá los informes de avance físico-financiero de los mismos cada trimestre.