Boletín de Prensa 047
Secretaría de Energía

El Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 1º de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), lo cual implica un paso significativo en la consolidación del marco jurídico para la sustentabilidad del sector energético, especialmente en uno de sus componentes más relevantes que es el de las hidroeléctricas de pequeña y mediana escala.
 
La Ley adicionó la densidad de potencia como criterio para evaluar si los proyectos hidroeléctricos pueden calificar como renovables. Con la reforma, la energía de cualquier planta hidroeléctrica con una capacidad mayor a 30 MW que presente una relación entre capacidad de generación y superficie del embalse superior a 10 Watts/m2 será considerada renovable.
 
Dicho criterio es aplicado en metodologías para la certificación de proyectos de generación de energía hidráulica como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Su inclusión en nuestro marco jurídico permitirá un mejor aprovechamiento de las fuentes renovables de energía con las que cuenta el país, minimizará el impacto ambiental del sector y fomentará un mayor desarrollo económico con los beneficios que ello implica para todos los mexicanos.
 
México tiene un importante potencial hidroeléctrico aún por desarrollar. De acuerdo con algunos estudios realizados tanto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otros centros del Gobierno de la República, así como por instituciones académicas y consultores privados, el potencial puede llegar a 4 GW en pequeñas hidroeléctricas y más de 40 GW en grandes plantas hidroeléctricas.
 
Al día de hoy existen ya proyectos perfectamente ubicados que antes de esta modificación no eran viables y que ahora se concretarán. Se estima que en los próximos meses varios de éstos, que cumplen con este criterio podrían duplicar la capacidad instalada que opera actualmente permisionada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
 
Esta reforma a la LAERFTE contribuirá al cumplimiento con lo establecido en las convenciones mundiales y al mejor aprovechamiento de los recursos utilizados en la generación de energía limpia, y con ello a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
 

Asimismo, impulsará el desarrollo de programas que ayuden a dar viabilidad económica a proyectos de energía renovable, y establecer la Estrategia Nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética, lo cual va ligado al objetivo del Protocolo de Kyoto.