La desertificación o degradación de tierras está catalogada como uno de los problemas ambientales más relevantes en México. Las cifras derivadas de las evaluaciones de los recursos naturales son reveladoras: 36 % de los suelos presenta procesos severos de degradación; cada año se pierden alrededor de 380,000 hectáreas de vegetación forestal; la salinización afecta a casi un 10 % de la superficie agrícola irrigada en el país, y así se pueden citar otros procesos de deterioro que afectan nuestro capital natural, la diversidad biológica y fitogenética de México, con efectos sobre el cambio climático global, incrementando la vulnerabilidad del país frente al mismo.
Más allá de la problemática ambiental, la degradación de tierras conlleva agudos problemas sociales y económicos. Como la pérdida de rentabilidad vinculada a la degradación de los recursos naturales que se suma a un contexto globalizado cada día más adverso a los campesinos y campesinas; por la migración forzada asociada al desempleo por la improductividad de las tierras, las mujeres se quedan frente a predios agropecuarios degradados, enfrentan la carencia de alimentos y los costos de restauración.
Para ciertas regiones del país, como el Altiplano Potosino-Zacatecano, o la Mixteca Poblano-Oaxaqueña, los problemas de degradación de tierras y la falta de alternativas no agrícolas de ingreso, han originado una fuerte y permanente corriente migratoria que año con año expulsa a más pobladores rurales a los centros urbanos de México o del extranjero o los vuelca hacia actividades ilícitas pero lucrativas. Se observa ahora, el fenómeno de la migración climática.
Ante la severidad del problema, en México se ha incrementado el entendimiento de la degradación de tierras, su dinámica y consecuencias, lo cual ha permitido una serie de avances en diferentes aspectos que permiten contar ahora con un mejor escenario para fortalecer la implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableció el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES), como el órgano de coordinación para la suma de esfuerzos contra la desertificación y con ello se presentan renovadas oportunidades para extender y profundizar la comprensión y medidas respecto a la degradación de tierras, ya que el sistema constituye un mecanismo de coordinación entre el Gobierno Federal y las organizaciones sociales.
Adicionalmente, se proyecta en el corto plazo su establecimiento en cada una de las entidades federativas, con interrelación con los Consejos Estatales y Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable.
A casi veinte años de la formulación del Plan de Acción de Combate a la Desertificación en México generado en 1993-94, el SINADES promovió y aprobó la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENMST), que actualiza el PACD, y prepara el nuevo Plan de Acción, alineado al Plan Estratégico Decenal 2008-2018 adoptado por la 8ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, formulada con un importante esfuerzo de consulta y concertación que la robustece como marco básico de referencia.
La ENMST, al establecer los lineamientos generales para la acción, establece las bases para cumplir con los compromisos nacionales ante la Convención y convertir dicho documento orientador en un instrumento para ser aplicado, en los términos del marco normativo nacional, al desarrollar la planeación operativa para la puesta en marcha de las líneas estratégicas y líneas de acción de la Estrategia, identificando los participantes, responsabilidades, necesidades de fortalecimiento o creación de capacidades, necesidades de financiamiento y mecanismos de coordinación, mediante un proceso participativo de actualización que reconozca el papel de los diferentes actores que deberán identificar e impulsar nuevos retos para encarar la lucha contra la degradación de las tierras.
En este esfuerzo, y en el marco del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el presente proyecto de Programa de Acción propone las medidas programáticas y el arreglo institucional que requieren los siguientes aspectos:
a) La focalización de recursos mediante proyectos estratégicos
b) La coordinación inter-sectorial
c) La armonización de políticas de desarrollo rural con criterios de sustentabilidad ambiental
d) La inclusión de criterios de pluralidad y diversidad