Entre las sustancias o mezclas de sustancias que más daño ocasionan a las personas y al medio ambiente se encuentran los plaguicidas, como se llama a los productos tóxicos conocidos como insecticidas si se utilizan para controlar insectos, fungicidas para combatir hongos y herbicidas si se busca aniquilar plantas indeseables. Pero hay más: acaricidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, rodenticidas y molusquicidas, entre otros.

A este grupo de compuestos químicos se le destina el control de plagas que causan perjuicio o que interfieren con la producción agropecuaria y forestal; pero su aplicación contamina agua, suelos y aire, daña a los animales, altera la inocuidad de los alimentos que consumimos y, en consecuencia, incrementa los riesgos para la salud humana.

Desde hace varias décadas la toxicidad de los plaguicidas la han documentado académicos y científicos, la han denunciado periodistas y evidenciado defensores de los derechos humanos, así como organizaciones campesinas, dados los altos índices de morbimortalidad que presentan principalmente jornaleros agrícolas
-hombres, mujeres, incluso menores de edad- que manejan sin protección alguna esos peligrosos químicos, o que literalmente son rociados con ellos durante la fumigación aérea sobre los campos agroindustriales.

Actualmente se busca inhibir el uso de plaguicidas de síntesis química de alta peligrosidad, ya que si bien convenios ambientales internacionales han llevado a  otras naciones a prohibir su utilización, en México se siguen utilizando. Además, la revisión del uso de esos productos ha sido deficiente y no se ha actualizado la lista plaguicidas autorizados, según refiere la iniciativa de ley que se analiza en el Senado de la República.

A corto o largo plazo esa situación condena a la población mexicana a correr riesgos sanitarios y ambientales innecesarios, ya que se venden con total libertad sin limitaciones para su compra.

Aunque la agroindustria persiste en el uso de los plaguicidas que considera necesarios ante la insuficiencia alimentaria de una creciente población, el modelo es ampliamente cuestionable, ya que desde hace cuatro décadas la agroindustria ha utilizado no sólo medianas y grandes extensiones de tierra, plantas genéticamente modificadas y transgénicos y máquinas diversas, además agroquímicos y pesticidas, pero sólo produce el 40% de los alimentos mundiales.

No obstante, frente a esa producción agrícola industrial surgieron los científicos críticos que dieron paso a la agroecología. El agroecólogo Víctor M. Toledo, mantiene que estos especialistas “dan respuesta a problemas inherentes a la agricultura moderna: contaminación de suelos y aguas, erosión genética, monocultivos, afectaciones a la salud humana, desequilibrios ecológicos locales y regionales  y, finalmente, el cambio climático global por el uso del petróleo en toda la cadena alimentaria.

Durante 40 años, la cauda de consecuencias fatales ha sido objeto de cuestionamientos a la agroindustria. Por ejemplo, el primer Foro Nacional sobre plaguicidas realizado por la Organización Panamericana de la Salud, abril de 2018, planteó la necesidad de generar sinergias, construir nuevas áreas de cooperación y definir propuestas de mejora regulatoria del control de los plaguicidas, así como establecer una hoja de ruta para el trabajo colaborativo en la materia.

Dolores Barrientos, representante de ONU Medio Ambiente en México, resaltó entonces la importancia de la aplicación y uso sostenible de los plaguicidas como clave fundamental para alcanzar un desarrollo en las áreas agrícolas del país.

Argumentó que la aplicación de plaguicidas representa un grave problema de salud pública ya que causa afectaciones de índole neurológico, daño renal, reproductivas, malformaciones y cáncer, entre otras. Dijo que frecuentemente en la aplicación aérea un muy bajo porcentaje del plaguicida llega al cultivo, pero la mayor parte contamina el aire, mantos acuíferos, arroyos, ríos, costas, y provoca un severo daño en los ecosistemas.

Durante el primer Congreso Mexicano de Agroecología, celebrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se expuso la urgente necesidad de que el actual Gobierno de México promueva una política pública agroecológica que incluya suprimir los efectos nocivos ambientales, sociales y culturales de la agricultura moderna, lo cual supone la prohibición inmediata de 111 pesticidas catalogados como altamente peligrosos.

El agroecólogo Toledo Manzur señala que “la agronomía responde a las necesidades de la modernidad capitalista. La agroecología moderniza a partir de la tradición, no en su contra, y ha alcanzado su mayor desarrollo en Iberoamérica, principalmente en México, Brasil, Cuba, Colombia, Argentina y el norte de Centroamérica”.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que el consumo de alimentos transgénicos y agroquímicos ha elevado los índices de enfermedades degenerativas del sistema inmunológico como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, e incluso son causantes de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas, autismo y enfermedad celiaca.

Para Víctor M. Toledo hay una urgente necesidad de promover una política pública agroecológica programa nacional  acompañado de una legislación que dote de apoyos a estas prácticas, las oriente hacia la soberanía alimentaria, a la vez que acote y suprima los efectos nocivos ambientales, sociales y culturales de la agricultura moderna.

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