Erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia social universal son objetivos del Día Mundial de la Justicia Social, proclamados en 2008 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) --ya en la era de la economía digital--, y que también están contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Esas aspiraciones cobran fuerza en el escenario de devastación mundial causado por la pandemia de COVID-19 que puso al descubierto la brecha digital existente no sólo entre naciones industrializadas y en desarrollo, sino también dentro de los países, situaciones que se transforman en injusticias que pueden ser evitadas porque a menudo son problemas causados por personas y que persisten porque mucha gente se desentiende de ellos.
Así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas, instancia que en la resolución de la Asamblea General del 26 de noviembre de 2007 proclamó el 20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social.
La resolución A/RES/62/10 reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como fortalecimiento de la seguridad y certeza jurídica, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica conforman los derechos humanos fundamentales que en esta fecha se insiste en cristalizar, indica la Unicef.
Para lanzar el llamado a la “Justicia social en la economía digital”, que adopta como lema, Naciones Unidas toma como punto de partida el hecho indudable de que en la última década la expansión de la conectividad de banda ancha, la nube informática y los datos han llevado a la proliferación de plataformas digitales que han penetrado en varios sectores de la economía y la sociedad.
Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 han propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital.
La crisis sanitaria que detonó a fines de 2019, atravesó 2020 y llega 2021, añade el organismo internacional, ha puesto al descubierto y exacerbado la creciente brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y entre los propios países; en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes
En 2012, Juan Somavia, ex director general de la OIT, dijo: "El mundo tiene varias opciones. Podemos seguir aplicando las políticas que provocaron la crisis y esperar por lo menos 88 años para erradicar la pobreza extrema al ritmo en el que lo estamos haciendo en la actualidad, o bien, podemos empezar a idear y llevar a la práctica una visión de la sociedad y del crecimiento basada en la dignidad de los seres humanos que sea capaz de lograr eficiencia económica, sostenibilidad y trabajo decente para todos en una nueva
era de justicia social".
Casi una década después, la comunidad internacional mantiene la aspiración de alcanzar ese estado de justicia social, principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro de los países y entre ellos, expresa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es necesario, entonces, lograr el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad.
Cuando México se dispone a conmemorar los 500 años de la caída de la gran ciudad de Tenochtitlán, así como 200 años de la proclamación de la Independencia Nacional, persiste una deuda histórica de justicia social con los pueblos indígenas y afromexicano de nuestro país.
Por fortuna, la propuesta de reforma que recoge los planteamientos y aspiraciones de los pueblos indígenas del país fue recientemente aprobada (15/01/2021) por el Comité Técnico de Expertos de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.
Concretar esta reforma es un anhelo de la Cuarta Transformación para reconocer como sujetos de derecho público con personalidad jurídica a pueblos y comunidades indígenas, lo que implica ejercer su libre determinación, autonomía, y acceder a recursos públicos a través de sus autoridades comunitarias.
Camina con firmeza esta aspiración de justicia social largamente acariciada por millones de mexicanos, a quienes también urge acortar la brecha digital para que se promueva y facilite la diversidad lingüística y el multilingüismo a través del Internet y los medios de comunicación, porque ante la pandemia es necesario poner a salvo su salud y su vida.
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