Este 14 de febrero, Día Mundial de la Energía por un Uso Racional y Sostenible, encuentra un México que, ante el insoslayable cambio climático, replantea su política energética para pasar del ejercicio neoliberal que devastó los ecosistemas e impactó la salud humana y la economía, a una transición que permita desarrollar y aplicar la vasta gama de energías renovables que la naturaleza le prodiga.
El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) está en posibilidades de iniciar una nueva ruta: antineoliberal de transición energética soberana, ciudadana, descentralizada, de pequeña y mediana escala y de empoderamiento social.
Víctor M. Toledo, responsable de la política ambiental del país en la era de la 4T, pergeña esa ruta de transición hacia las energías renovables, que resulta obligada para enfrentar la crisis climática (La Jornada, 28/Ene/2020).
El también académico, a la cabeza de la Semarnat, junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Energía, se ha dado a la tarea de analizar datos, tendencias, escenarios, y de buscar opciones que deberán confluir en una propuesta consensuada.
Del lado académico, Claudio Estrada coordina a los expertos en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, para presentar la gama posible de ser desplegada en este país rico y variado en fuentes de energía renovables: solar, eólica, mareas, fuentes de agua, biomasa y geotermia.
Cierto que administraciones anteriores habían volteado hacia las energías renovables, pero para infortunio de los mexicanos su atención se canalizó a “facilitar los negocios del capital corporativo trasnacional, la privatización, y a reducir y aniquilar a las dos principales instituciones públicas del país, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad”, y esas imposiciones de los gobiernos neoliberales de los dos últimos sexenios cristalizó en la “reforma energética”, señala Toledo Manzur.
Cita dos consecuencias de esa política perversa antinacional: la creciente dependencia de México en cuanto al abasto de gas y de gasolinas, que coloca a nuestro país en situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos, nación que podría generar un colapso energético si decidiera cerrar el abasto de ambos combustibles.
Esto, advierte, obliga a garantizar en lo inmediato la soberanía y la seguridad energética del país. Por ello plantea la necesidad de agregar valor a los hidrocarburos en la fase final de su uso que, según la Sener, es de apenas ocho años.
Tema no menos relevante, sostiene el titular de la Semarnat, es la emancipación social con el principio central de la 4T de primero los pobres, que nos traslada al concepto de justicia energética, lo que implica dar un giro total a la manera de concebir el uso de las energías.
El gran secreto, afirma Toledo, es que las energías renovables permiten aprovechar el flujo energético cambiando las estructuras que lo contienen y conducen.
Esto posibilita que “una familia, una comunidad, un barrio, una cooperativa, un municipio, puedan producir energía renovable para su uso y distribución mediante dispositivos sencillos y baratos, gestando sistemas locales descentralizados y autosuficientes, es decir, trasladando el poder energético del capital y del Estado a la sociedad misma”.
Vaya revolución, expresa Toledo: “Granjas solares, microturbinas eólicas, microhidroeléctricas, biodigestores, etcétera. Y ahí donde sea necesario, empresas públicas y/o privadas gestando, por ejemplo, centrales termosolares”.
Conmina también a la 4T a iniciar la reconversión hacia automotores eléctricos creando su propia empresa pública, toda vez que México es rico en litio, necesario para los acumuladores.
Lo anterior es posible, dice, pues se calcula que a 2030 las ocho principales empresas automotrices del mundo estarán invirtiendo 120 mil millones de dólares en autos eléctricos, y sólo la planta en China de Tesla construirá 200 mil autos para 2022 y medio millón para 2024.
Redunda en suscribir como puntos nodales de la nueva política energética: la soberanía del país, la emancipación social y el potencial de recursos energéticos renovables en una nación esencialmente petrolera donde la adicción a los combustibles fósiles, 89.6 por ciento, rebasa al promedio mundial 83.2.
