“No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”, plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) al celebrar este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, proclamado el 23 de diciembre de 1994 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación que afecta a las etnias, a través de su participación significativa y efectiva, e incluir la obtención de su consentimiento previo, libre e informado, lo que conducirá al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, afirma la Organización de las Naciones Unidas. El derecho a participar en la adopción de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los Estados, señala.

Explica que la pandemia de COVID-19 que arrojó luz sobre los efectos de las crecientes desigualdades puso en evidencia la afectación desproporcionada sobre ellos, con lo cual promovió la discusión sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo contrato social, un nuevo sentido común que funcione para todos los pueblos y el planeta.

Considera que esta es una oportunidad única para construir un mundo más igualitario y sostenible, basado en la participación y en asociaciones genuinas e inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades para todos y todas, respeta los derechos, la dignidad y las libertades.

Los planes de reconstrucción y replanteamiento de los contratos sociales deben incluir escuchar sus voces, necesidades y preocupaciones, obtener su consentimiento previo, libre e informado, e incluir los derechos colectivos e individuales reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La conmemoración tiene enorme relevancia para México, ya que de una población total de 126 millones 014 mil 024 habitantes, de este país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas y de ellos siete millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, según afirmó la Directora General Adjunta del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Alma Rosa Espíndola Galicia.

Desde que se instauró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el objetivo ha sido fortalecer la cooperación global para la solución de la problemática que enfrentan esas comunidades en materia de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud.

Estamos ante una oportunidad única para reconstruir un mundo más igualitario y sostenible, basado en la participación y en asociaciones genuinas e inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades y respeten los derechos, la dignidad y las libertades de todos y de todas.

Las condiciones que marginan a las etnias del mundo se han reconocido en distintos foros. Más recientemente se ha buscado trascender propuestas anteriores y lograr el “empoderamiento de los hablantes de las lenguas indígenas”. Esta es la línea principal de la “Declaración de Los Pinos”, hoja de ruta estratégica para el Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032), aprobada el 28 de febrero en la Ciudad de México al concluir la reunión de alto nivel “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”.

En el encuentro organizado por Unesco y el gobierno mexicano, más de 500 participantes de 50 países --ministros de gobierno, líderes indígenas, investigadores, entidades públicas y privadas y otros expertos-- aprobaron el lema “Nada para nosotros, sin nosotros”, que sitúa a los pueblos indígenas en el centro de sus recomendaciones.

El documento propone crear un plan de acción mundial para el Decenio. Pide aplicar los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas, contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2017), la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), entre otros.

La Declaración de Los Pinos reconoce la importancia de las lenguas indígenas para la cohesión y la inclusión social, los derechos culturales, la salud y la justicia. También destaca la utilidad de las lenguas indígenas para el desarrollo sostenible y la preservación de la diversidad biológica, ya que conllevan conocimientos ancestrales y tradicionales que unen a la humanidad con la naturaleza.

Entre los objetivos específicos para la elaboración del plan de acción mundial para el Decenio, se propone integrar las lenguas indígenas, la diversidad lingüística y los aspectos relacionados con el multilingüismo en los marcos y mecanismos mundiales de desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y las respuestas a los desastres, además de los mecanismos de programación de los equipos de las Naciones Unidas en los países, así como adoptar medidas a corto, mediano y largo plazo para preservar, revitalizar y promover el multilingüismo.

Esto es de capital importancia para México, que alberga en su territorio una diversidad étnica y cultural representada por 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, organizada en 11 familias lingüísticas y 364 variantes dialectales.

El artículo 2° de la Constitución Política de México indica que la pluriculturalidad tiene sustento en los pueblos indígenas descendientes de los habitantes del territorio nacional al inicio de la llamada Conquista, y estos pueblos conservan sus usos y costumbres.

Al reconocer a los pueblos indígenas se reconocen sus lenguas. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas indica que todos los idiomas indígenas de México son lenguas nacionales al igual que el español, por lo tanto tienen la misma validez y corresponde al Estado buscar mecanismos para la protección, promoción, preservación, uso y desarrollo de las mismas.

En tanto, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, considera indispensable atender a los cuidadores de la biodiversidad --la población indígena y rural-- si queremos asegurar su conservación a largo plazo, porque una parte importante del capital natural de México es propiedad de comunidades indígenas y rurales, con la consecuente implicación en la provisión de los servicios ambientales generados por los ecosistemas de esos territorios, no sólo a las poblaciones de esas áreas, sino a la sociedad en general.

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