Derivado del derrame de una solución acidulada de cobre, provocado por la mina Buenavista del Cobre el 06 de agosto de 2014 en el Río Sonora, el 12 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó la creación de una Comisión Especial para la atención inmediata de los daños generados por el Derrame y supervisión permanente de las acciones para revertir los efectos ocasionados.

En este trabajo interinstitucional participaron la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Salud (SSA), a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Dada la magnitud del evento, las autoridades ambientales federales aplicaron lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Ambiental, lo que derivó en diversas sanciones, por lo que el 15 de septiembre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente firmó un convenio con Grupo México con el propósito de reparar los daños ocasionados al ambiente y a la salud, así como apoyar a la población afectada, de acuerdo con un Programa de remediación, reparación y compensación, en los municipios afectados, mismo que dio origen al Fideicomiso Río Sonora, en el cual la empresa se comprometió a aportar $2 mil millones de pesos, para atender principalmente afectaciones a la salud pública, los ecosistemas y la infraestructura dañada por la contaminación, el cual fue sustentado con recursos de la empresa. En caso de que dicho monto resultara insuficiente para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso, Grupo México debía aportar los recursos adicionales que fueran necesarios para enfrentar cada situación específica.

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El Fideicomiso trabajó en el equipamiento de pozos, instalación de plantas potabilizadoras, atención médica, monitoreo ambiental, entre otras actividades, destacando las siguientes:

  • Atención médica integral a 10,875 personas, visitas domiciliarias a 4,325 familias, realización de 1,373 consultas médicas y atención especializada a 358 personas con síntomas relacionados con la contaminación por metales pesados.
  • Entrega de 27,111 apoyos directos e individuales (en efectivo, cheque o tarjeta de débito), como resarcimiento por daños a la salud, a las actividades agropecuarias y comerciales, a los jornaleros y prestadores de servicio, así como a todas y cada una de las familias que sufrieron el desabasto de agua potable.
  • Dotación de más de 333 millones de litros de agua potable a través de pipas.
  • Establecimiento de una Red de Monitoreo Ambiental de suelo, agua y sedimento con más de 7,200 muestras levantadas.
  • Rehabilitación y apertura de 41 pozos a lo largo del Río Sonora.
  • Actualmente, y tras un permanente monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrológica, se puede asegurar que el agua del Río Sonora y los pozos que abastecen de agua potable a los cerca de 23 mil habitantes, cumplen con las normas de salud y de medio ambiente aplicables en el país.
  • Instalación de 10,188 tinacos en todas las casas y edificios de interés comunitario del Río Sonora, con torreta, toma de agua y nomenclatura.
  • Constitución de un grupo de instituciones académicas, nacionales y estatales, coordinadas por la UNAM, para la realización de un Diagnóstico Ambiental Integral de la región del Río Sonora.
  • Tras la clausura de las operaciones mineras que provocaron el derrame, se ordenaron más de 50 medidas correctivas, cuyo cumplimiento puntual fue vigilado por la PROFEPA. Entre ellas, sobresalen la construcción de dos represas de contención para evitar un nuevo accidente durante la época de lluvias.
  • La empresa fue multada tanto por PROFEPA como por CONAGUA por la cantidad de $72 millones de pesos.
  • El 4 de noviembre se logró levantar la fase de contingencia.

Hermosillo, Sonora, 7 de febrero de 2017

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