El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales; no obstante, en nuestro país fue hasta hace pocos años, que el concepto de identidad se plasmó como derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política, estableciéndose desde entonces con claridad, que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente de manera inmediata a su nacimiento y señala la obligación del estado mexicano de garantizar el cumplimiento de estos derechos.
El derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a la identidad, constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona.
A pesar de lo fundamental de este derecho, el gobierno mexicano no lo ha garantizado plenamente, lo que ha ocasionado incluso que, en los últimos años, instituciones creadas para fines distintos al de acreditar la identidad, hayan asumido esta función, que por ley corresponde a la Secretaría de Gobernación.
El derecho a la identidad como todo derecho humano, es universal, no puede tener caducidad, es único, irrenunciable, intransferible e indivisible.
En este contexto, esta administración tiene como centro de sus políticas públicas, la reivindicación de la dignidad de las personas y el pleno respeto a sus derechos humanos y, dentro de este marco, impulsa un proyecto nacional de identidad a fin de que este derecho se convierta verdaderamente en la puerta de acceso a todos los demás derechos.
A fin de dar puntual atención a estos temas y solventar las necesidades de los Grupos en situación de vulnerabilidad el proyecto contempla implementar un sistema inclusivo de identidad digital en México que garantice una única identidad para los mexicanos y los residentes extranjeros para facilitar el acceso a los servicios y beneficios, con base en esto se han desarrollado los siguientes marcos de planificación:
• Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y otros Grupos en situación de Vulnerabilidad (MPPIyGSV)
Ver documento:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/589836/MPPIyGSV.pdf
• Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI)
Ver documento:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/589841/PPPI__6_.pdf
• Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO)
Ver documento:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/589838/PGMO.pdf
• Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)
Ver documento:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/589839/PCAS.pdf
El Derecho a la Identidad tiene dos pilares fundamentales para su ejercicio, la identidad jurídica y la identidad biométrica, ligadas a través del identificador único que es la CURP, y así garantizar su unicidad, sin la cual no hay identidad.
En un país federal como el nuestro, la tarea de garantizar la identidad la compartimos el gobierno federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas, quienes a través de sus Registros Civiles acreditan la identidad jurídica de las personas; es por ello que, respetando la soberanía estatal, se ha trabajado conjuntamente para reforzar este pilar.
Sin embargo, tenemos temas pendientes en este sentido:
- Al menos un millón y medio de personas de todas las edades no cuentan con un registro de nacimiento.
- El 22.7% de este total es población indígena.
- 6 de cada 10 son niñas, niños y adolescentes no tienen identidad jurídica.
El derecho a la identidad que este gobierno está empeñado en garantizar incluye a toda la población.
Una población que no excluye a nadie, una población integrada por las y los mexicanos, extranjeros, migrantes y refugiados.
Queda claro, que existe una enorme oportunidad para que el Gobierno Mexicano, implemente acciones que permitan fortalecer la identidad jurídica para acreditar fehacientemente la identidad personal con la información biométrica, contenida en huellas dactilares, en el rosto y en los iris de cada persona.
A la fecha, México no cuenta con una base de datos que vincule la identidad jurídica y biométrica de toda la población, lo que impide brindar un servicio de identidad y de identificación como lo demanda nuestra sociedad y lo mandata la Constitución, lo cual facilita el robo de identidad, el fraude y la inseguridad.
El garantizar el derecho a la identidad es una tarea de Estado. En ella debemos participar todos, el gobierno, sociedad civil, entidades financieras y por supuesto la población; con todos hemos hablado y todos están, dispuestos a colaborar para lograrlo.
Trabajar en el establecimiento de los mecanismos de identidad y de identificación, será una prioridad para este Gobierno, para atender una necesidad apremiante para todo el sector público, privado y financiero, y cumplir con un deber inalienable del Estado Mexicano, proteger, promover y garantizar el derecho a la identidad.