ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN DE SEGOB Y TITULAR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA VERDAD Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DEL CASO AYOTZINAPA: Muy buenos tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la atención que han prestado a la realización de esta conferencia de prensa, donde vamos a dar cuenta de la reunión que acabamos de sostener, encabezada por el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Ayotzinapa, en donde estuvieron presentes los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, la organizaciones, los colectivos que nos acompañan: Fundar, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Prodh.
También, la representación de las Naciones Unidas, en particular el titular que coordina las agencias del sistema y el representante de la Oficina de la Alta Comisionada en Materia de Derechos Humanos, y distintas personas, miembros del gabinete.
Por supuesto, junto al presidente estuvo acompañándolo el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina.
Hubo, por supuesto, la presencia del señor fiscal general de la República y del titular de la Unidad Especial, Omar Gómez Trejo, para la investigación y litigación del caso de Ayotizinapa.
Y fue una reunión difícil, dolorosa, porque, como lo hemos señalado desde un principio, fue el compromiso que aseguró el presidente de la República desde antes de la llegada del gobierno, hay que recordar las reuniones que sostuvimos en el Museo de Memoria y Tolerancia en el proceso de transición y cómo el primer acto de gobierno, del primer decreto que publicó el presidente de la República el 3 de diciembre, que signó el 3 de diciembre, fue justamente el de la creación de esta Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que surge con el compromiso político, moral, ético y también como responsabilidad de nuestra función pública el garantizar en estas investigaciones el conocer la verdad y lo sucedido, el conocer el paradero de los estudiantes en encontrar y procesar a los responsables, partiendo de una premisa que señalamos desde el primer día en el sentido de que la única verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es que no había verdad alguna.
Y un compromiso con los padres y madres de familia en el sentido de que siempre, siempre les vamos a decir la verdad por dolorosa que esta sea.
No voy a repetir la intervención que tuvimos completa con los padres y madres de familia, no por la extensión, sino particularmente por los datos, los temas que están en estos momentos en un proceso de judicialización y datos de carácter procesal que no queremos entorpecer. A ellos les dimos cuenta justamente de la situación en que se encuentra este proceso.
Pero sí quiero darles a conocer, en primer lugar, las acciones que hemos desarrollado de manera estrecha, esto quiero destacarlo, con la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, y con el Grupo Independiente de Expertos Internacionales, el GIEI, con quienes hemos tenido una relación de confianza y de colaboración muy importante, con la que pretendemos garantizar el derecho a la verdad que tienen los padres de los muchachos de Ayotzinapa, sus familias, la sociedad mexicana, siempre garantizando absoluta transparencia y acceso a la información.
Por eso les vamos a hacer llegar en este instante, bueno, al término de la conferencia, toda la información, una información con las reservas de la ley de la presentación que hemos hecho y todos los anexos que también se les han entregado, diciéndoles además que toda esta información, como lo ha instruido el presidente de la República, se ha hecho pública ya en este momento y la pueden encontrar en la página de la comisión, en la página de la Secretaría de Gobernación y por supuesto en la página del Gobierno de México.
Yo quiero informarles, muchos de ustedes no conocen las líneas de trabajo y los avances que hemos tenido. Y digo avances, porque también esto quiero subrayar. Hoy hemos presentado un informe de avances de las investigaciones, estando conscientes de que todavía tenemos un trabajo, una tarea larga por delante.
No estamos cerrando, como alguien lo ha señalado, la investigación, sino con toda esa investigación continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables.
Los ejes de trabajo de la comisión se han centrado fundamentalmente en tres áreas: el acopio y procesamiento de la información, la ruptura del pacto de silencio y las labores de búsqueda de los 43 estudiantes.
Hoy hemos dado cuenta que en materia de acopio y análisis de información, a la fecha hemos dispuesto de prácticamente las instituciones, todas las instituciones de la Administración Pública Federal y de otras organizaciones, como el caso del GIEI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos ha permitido contar a la fecha con 41 mil 168 documentos que están analizándose, la mayoría ya han sido analizados y sistematizados dentro de la investigación.
La mayor parte de estos 41 mil 168 documentos los ha proporcionado la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 17 mil documentos en este caso; pero también ha sido resultado del análisis de los archivos históricos de trámite, de concentración y de las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional y contando también con el apoyo de las otras instituciones de los estados, particularmente del gobierno de estado de Guerrero y la fiscalía de esa entidad.
Además de estas 41 mil 168 documentos, hemos tenido acceso pleno al expediente del caso, proporcionado por la Fiscalía General de la República, testimonios de sobrevivientes, análisis de comunicaciones telefónicas y análisis de los mensajes de personas clave.
Creo que de las informaciones que más destacan es la entrega de la información que el presidente de la República solicitó a la vicepresidenta de los Estados Unidos sobre las intervenciones telefónicas que se realizaron en ese país al grupo de Guerreros Unidos en sus prácticas ilícitas en Chicago, el haber proporcionado por parte del Centro Nacional de Inteligencia más de 100 horas de video con los que la fiscalía ha podido acreditar los actos de tortura a los que fueron sometidos diversas personas para obtener las confesiones que fueron la base de la ‘verdad histórica’, así como los sobrevuelos de dron que la Secretaría de Marina proporcionó tanto a la comisión como al GIEI de la intervención de distintas autoridades en el basurero de Cocula después de los hechos.
Dentro de este análisis de información también hemos tenido acceso a las intervenciones de comunicaciones que en su momento realizó la Policía Federal Preventiva en su dirección de Inteligencia, que hoy se encuentra en la Guardia Nacional.
Ahí se han analizado 17 mil 20 sesiones de audio y transcripciones, que nos han permitido hacer el seguimiento de 133 sujetos y tener un seguimiento particular de hechos posteriores a la desaparición.
Estas intervenciones por supuesto, quiero aclararlo, son las que realizó la Policía Federal Preventiva con orden de juez, por eso pudimos tener acceso a las mismas.
Y junto con ello el GIEI y la Covaj hemos intervenido y revisado los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, donde hemos obtenido nueve mil nueve mil 752 documentos adicionales, todos los cuales han sido digitalizados y han sido entregados ya a la Fiscalía General de la República y a la Unidad Especializada en el caso para que se incorpore todo esta información, como también la que hemos presentado el día de hoy a las carpetas de investigación.
En lo que corresponde a las acciones de búsqueda de los estudiantes, las cuales iniciamos en enero de 2019, justamente al momento de instalación de la comisión, son búsquedas en las que hemos participado con las distintas autoridades judiciales, por supuesto con la mayor parte de ellas con la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República, pero también con la Fiscalía de Desaparición de Personas de la Fiscalía General, la Fiscalía General del estado de Guerrero, en donde eventualmente hemos tenido acompañamiento de las organizaciones que han acompañado a los padres y madres de familia desde un inicio del equipo argentino de antropología forense.
En estas acciones hemos participado muchas instituciones del gobierno federal: la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, que presta una atención muy importante en materia victimal a los padres y madres de familia; la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y en todas estas búsquedas pues se garantiza no solamente la seguridad, sino el trabajo pericial y profesional para hacer las labores de búsqueda en campo, desde el desmonte, el cribado, hasta la identificación de los sitios probables de búsqueda.
El total de acciones de búsqueda que hemos realizado hasta la semana pasada, porque... hasta el día de hoy, son 101 acciones de búsqueda en siete municipios del estado de Guerrero, que han representado 675 jornadas de trabajo. Es decir, de los tres años y medio que llevamos en el gobierno, en los 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas en campo, en la sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir, y numerosos restos óseos.
Del total de restos óseos, son más de mil los que hemos recuperado en campo; 32, por sus condiciones favorables, fueron remitidos al Laboratorio de Investigación Genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, los cuales nos han podido confirmar científicamente, con una actividad de 99.9999 por ciento, así lo dice el resultado de Innsbruck, la identidad de tres de los estudiantes, que ustedes tienen la información ya con anterioridad.
Se han enviado más restos, pero no se ha encontrado material genético suficiente para lograr su identificación, por lo cual se buscará, junto con el laboratorio de Innsbruck, otro sistema de identificación, que por lo menos nos permita conocer el grupo familiar al que pertenencen los restos que no tuvieron el ADN suficiente.
Dentro de las acciones de búsqueda, y esto también yo quiero destacarlo, hemos solicitado al área de servicios periciales de la Fiscalía General de la República el análisis de todos los cuerpos encontrados entre septiembre de 2014 y 2020, estamos hablando de 245 cuerpos, que los colectivos de madres buscadores en Iguala, familiares. Las propias instituciones realizaron después de los hechos para tratar de identificar si dentro de estos cuerpos podría encontrarse el registro de alguno de los estudiantes desaparecidos.
De los 245 cuerpos de Guerrero se han obtenido, de acuerdo a la información que nos proporcionó la Fiscalía General de la República, 191 perfiles genéticos que ha permitido identificar a 30 personas, 16 de las cuales han sido entregadas a sus familiares. Y señalar que no existió coincidencia en estos análisis con los estudiantes desaparecidos.
Ustedes van a ver en la siguiente gráfica todas las acciones de búsqueda. Estos son los sitios de fosas clandestinas y de cuerpos exhumados en el perímetro de Iguala y de Cocula, y de otros municipios aledaños en donde se hizo la intervención para que ninguno de los hallazgos que se han tenido desde 2014 a la fecha queden sin identificarse.
Y en paralelo se han realizado labores de búsqueda en vida con el apoyo… Bueno, primero, acompañando las iniciativas de los padres y madres de familia, pero también con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Población, permanentemente hacemos el análisis de 177 bases de datos de dependencias públicas e instituciones privadas, en padrones, en hospitales, en centros de reclusión, incluso, movimientos bancarios donde a la fecha no se ha encontrado ningún registro de actividades realizadas por alguno de los muchachos.
En lo que corresponde a las acciones de ruptura del pacto de silencio, hemos obtenido testimonios en todos casos voluntarios. Nosotros no somos autoridad ministerial, no somos autoridad judicial, somos una comisión de la verdad. Hemos logrado establecer comunicación y de tomar testimonios de 115 personas vinculadas con el caso, tres de ellos perpetradores liberadores, cuatro de ellas personas puestas en libertad por tortura, 15 de ellos privados de la libertad, 23 estudiantes sobrevivientes, 11 funcionarios y 59 testigos.
Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. Esas personas fueron integrantes del Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo Gente Nueva, siete testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios, policías y, dentro de ellos, gente que venía proporcionando información significativa, como es el caso de Mario Casarrubias Salgado, quien encabezaba Guerreros Unidos y había realizado un proceso de colaboración con esta comisión.
Informo también que se ha mantenido en todo el proceso de extradición de Tomás Zerón, quien se encuentra en el Estado de Israel, con acciones de acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República para que proceda la extradición.
Independientemente de ello, y eso fue también a solicitud de los padres y madres de familia, establecimos contacto con los abogados de Tomás Zerón de Lúcio, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año, donde se le ofreció un criterio de oportunidad, que no aceptó.
Sin embargo, hemos mantenido comunicación con sus abogados para… Pues esperamos que pronto pueda avanzar en un acuerdo de colaboración, no esperar al proceso de extradición y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos de que se le acusa y, en caso de colaboración eficaz, obtener algún beneficio de ley.
Hemos informado someramente, ustedes lo van a ver en el documento que les vamos a entregar, los aspectos fundamentales del contexto en el que se da la desaparición de los estudiantes en Ayotizinapa. Evidentemente tenemos en primer lugar un proceso de tensión y de disputa entre distintos cárteles delictivos en Guerrero.
En Guerrero, en esos años, incluso a la fecha, no hay un grupo delictivo dominante, recurrentemente hay procesos de recomposición, y particularmente en el caso de Iguala, que es un área estratégica para el trasiego de la droga.
La disputa que se vivía en aquellos momentos se concentraba fundamentalmente entre Guerreros Unidos y Los Rojos, que es un factor muy importante porque justo en las disputas en esos días por el control de las plazas se registraron enfrentamientos importantes entre ambos grupos e incluso, como lo ha acreditado los medios de comunicación y la propia Secretaría de Gobernación de entonces, el 10 de julio de 2014 hubo un decomiso de droga en la carretera a Puebla, en donde la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilos de heroína pura, de los cuales los agentes de la procuraduría solamente entregaron 24 kilos, y a la fecha este asunto no ha sido esclarecido.
Parte del contexto tiene que ver también con el hecho de que, cara a las movilizaciones del 2 de octubre en la Ciudad de México, la asamblea de las distintas normales rurales del país, la Federación de Estudiantes Comunistas Socialistas llegó al acuerdo de que la Normal de Ayotzinapa realizara, fuera la sede para la concentración de los representantes de las distintas normales para acudir a la marcha del 2 de octubre del 2014 a la Ciudad de México.
Dentro de los compromisos, además de garantizar el alojamiento y la alimentación de los estudiantes de las 16 normales rurales, está el compromiso de tener los camiones suficientes para su traslado, y es ahí donde empieza parte de la historia de la desaparición, más aún cuando los intentos de la toma de autobuses en Chilpancingo, Zumpango y Tierra Colorada fue impedida por la policía estatal y la Policía Federal, lo cual modificó la decisión de los dirigentes de la normal, con lo cual toman la decisión de ir en este caso a la ciudad de Iguala.
En un lugar donde existía un antecedente de confrontación de la escuela normal con el gobierno municipal, derivada de las acciones de la normal, las acciones de protesta por la desaparición de un dirigente social de la región, Hernández Cardona, en donde se tomó el palacio municipal, hubo quema de papelería y de otras acciones, y esto llevó a que hubiera amenazas directas del presidente municipal y de Guerreros Unidos a la intervención y presencia de los estudiantes en ese municipio.
Esto quiero traerlo a colación porque, desde el momento en se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes de cara al 2 de octubre, todas las autoridades, estatales, municipales, federales, estuvieron realizando el seguimiento y las acciones y el movimiento de los estudiantes. Tan es así, que impidieron la toma de los autobuses.
Pero, además, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López Patolzin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de la Normal, era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre.
Este soldado, López Patolzin, estaba bajo el mando del teniente de Infantería, Marcos Macía Barbosa, del 27 Batallón. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes.
Por eso, todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual las omisiones en las que incurrió estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes.
Les informamos a los padres de la reconstrucción de los hechos. Quiero decirles a ustedes que hicimos toda una reconstrucción de los hechos, retomando mucho del trabajo que ya se había realizado, particularmente por seis instituciones: Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía del estado de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el GIEI, el Centro Prodh, la propia verdad histórica, los testimonios, los análisis de comunicaciones y análisis de mensaje de personas claves.
Los sitios y escenarios donde se dieron todos los hechos fueron evaluados y revisados de nueva cuenta, y junto con ello logramos construir, reconstruir la red de llamadas telefónicas que se presentaron entre el 26 y el 28 de septiembre después de analizar 87 millones de registros en expedientes que nos permitieron depurar una base de 84 mil registros para el periodo en que ocurrieron los hechos violentos del 26 al 28 y ubicar 17 mil números diferentes que estuvieron participando en las operaciones de ese día.
Con ello, hemos ya demostrado, y esto es un dato que le hemos dado a los padres, toda la red de vínculos que se estableció entre el grupo delictivo y autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y esto muestra con toda claridad cómo fueron operando en todo el proceso de persecución, captura y desaparición de los muchachos.
Junto a ello, hemos tenido acceso a 467 capturas de pantalla que nos ha permitido reconstruir 37 conversaciones de cinco números telefónicos distintos entre 36 actores que participaron en los hechos, y que se refieren a 35 personas adicionales.
Estos mensajes fueron objeto de un análisis técnico y de contexto sobre sus contenidos, personajes y ubicaciones en tiempo, lugar y circunstancia, cotejándose con testimonios, documentos, llamadas telefónicas y declaraciones ministeriales y judiciales, a fin de corroborar la información proporcionada.
Es un esfuerzo técnico de información que llegó directamente a la comisión y que hoy hemos entregado formalmente a la Fiscalía General de la República, quien tiene, además de las facultades y competencias legales para hacerlo, las capacidades periciales e institucionales para valorar la veracidad de estos datos, porque son mensajes que nos abren nuevas líneas de investigación que facilitan el rompimiento del pacto de silencio, permiten ratificar la corresponsabilidad de distintos actores que participaron en la desaparición y estamos convencidos, por el cruce de llamadas, de estas llamadas, en 98 casos hemos logrado tener los metadatos de la misma coincidiendo con las fechas, hemos cruzado los mensajes con la red de llamadas telefónicas en horario y número telefónico que validan gran parte de estos mensajes y que esperemos pronto esté judicializada plenamente la información.
Por supuesto, esta información hoy no se las podemos entregar, toda vez de que ya son parte de la carpeta de investigación y corresponde a la fiscalía valorar su importancia, su veracidad y la conclusión de datos que pueden ser contundentes.
Finalmente, dos aspectos presentamos con los padres:
Toda la narrativa de los hechos, desde la salida de los estudiantes de la Normal a Chilpancingo, Tierra Colorada y la escisión a Iguala, el traslado y llegada a Iguala Rancho del Cura y central de autobuses, la salida de la central de autobuses e inicio de la violencia y los actos de desaparición.
Con estos datos… —ahí nos va a faltar esa hojita que quitamos de la presentación los papás— se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos.
Ustedes van a recibir textado el documento, es una disposición legal, porque se trata de una carpeta de averiguación en proceso, en donde van a conocer parte de esta reconstrucción.
Y, finalmente, un balance y conclusiones de lo que a nuestro juicio es la verdad histórica, donde, de acuerdo a la información que hemos recabado, que hemos analizado, la verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda, primero, en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en dos diligencias firmadas por una ministerio público federal que se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula.
Yo creo que lamentablemente esta versión no sólo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada donde concurren: privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actuaron con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad, que lo pretendía era legitimar socialmente hechos, alterándolos, y que privilegió una lógica jurídica ajena al enfoque de derechos humanos, manipulando el sistema de procuración de justicia.
Hay dos evidencias muy claras de ello:
Son los actos de tortura cometidos, por lo menos hasta ahora acreditados a 77 personas por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno, y que privaron a su libertad. Esto ha quedado plenamente acreditado con las 50 horas de videos que entregó el Centro Nacional de Inteligencia de la fiscalía. Dos de esos videos son públicos, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación.
Pero también los sobrevuelos de drones, los videos de los sobrevuelos de drones que la Secretaría de Marina entregó y pasó la intervención de autoridades en el basurero de Cocula y que ha sido ampliamente analizado por el GIEI y que fue presentado en su último informe.
Sobre ello, queremos presentar las conclusiones preliminares. Y me gusta subrayar preliminares, porque aquí no se cierra ninguna investigación.
Primera, que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal ‘Isidro Burgos’ hasta su desaparición. Y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio.
Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y ‘halcones’ a partir de un mando central y al menos tres células de ‘halcones’ y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del estado.
Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
Que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar.
Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.
Se confirma el traslado del autobús EcoTer sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
Aquí hago una acotación, la información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecoacuilco, a todo el perímetro, a Taxco, y nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señala, se presume se recuperó la mercancía, y la mercancía es o droga o dinero.
Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, lo cual era su obligación.
Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula; en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriano, en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.
Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes.
Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
En resumen, se trató de un crimen de Estado.
La investigación continúa, la búsqueda de los estudiantes continúa. Corresponde a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa el análisis de la información aquí proporcionada y, en su caso, proceder a su judicialización.
Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa continuará con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvancia con la fiscalía especial con el GIEI. Y como hemos insistido y como es la instrucción del presidente de la República no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. Todos los responsables deberán ser castigados.
A partir de este momento, el informe presentado y sus anexos son de carácter público.
Publicar esta información abre al escrutinio público nuestro trabajo y busca propiciar que otras personas que cuenten con información, hacemos ese llamado, a que todas las personas que cuenten con información la aporten en beneficio del esclarecimiento de estos deleznables hechos.
Es cuanto.
Estoy a sus órdenes.
PREGUNTA: Me gustaría preguntarle, entre estas 33 personas a las que se solicita por parte de la FGR que lleva a cabo las investigaciones, saber cuántas de estas 33 personas, si se pueden saber cuántas son autoridades municipales, federales, cuántos son elementos militares o de la Secretaría de Marina.
Gobernantes, tal vez el gobernador de Guerrero o incluso el mismo expresidente Enrique Peña Nieto si está en la lista de estas 33 personas.
Y precisar nada más, cuando habla de la hora en que se dio la orden de que desapareciera, de la desaparición de los 43 estudiantes, si se tiene determinado de dónde partió esta orden, de qué nivel de gobierno, de qué nivel de autoridad.
Y saber en qué consiste la prueba pericial con la que se determina que a esa hora se giró esta instrucción, y desde qué autoridad.
Serían mis preguntas.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Toda la información justamente de quiénes dieron esa orden es parte de la investigación judicial, esto desde hace ya varios meses que tenemos acabada todo el análisis y registro de las redes telefónicas y los intercambios, forma parte de la investigación.
De las órdenes que está procesando la fiscalía, yo preferiría que es la fiscalía quien tiene dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de Peña Nieto no.
INTERLOCUTORA: (inaudible)
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, esa es la que… ¿Las órdenes de aprehensión están trabajando? No. Sigue la investigación por supuesto, que está realizando la fiscalía a partir de quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que esta se haya implementado.
INTERLOCUTORA: Pero el presidente Peña Nieto…
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Él no está, en esto no.
INTERLOCUTORA: (inaudible)
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Eso que se los dé la fiscalía, por favor.
INTERLOCUTORA: Y lo de la orden de…
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: También lo tiene la fiscalía y lo está investigando.
Quiero decir, no voy a dar ningún dato vinculado con el proceso de judicialización en la información que se encuentra dentro de la carpeta porque incurriría en responsabilidad.
PREGUNTA: Subsecretario, buenas tardes.
Emir Olivares, de La Jornada.
Preguntarle, habla de que el Ejército tuvo conocimiento de la situación, incluso tenían a un soldado, digamos, infiltrado dentro de la Normal. Si hubiera habido una actuación del Ejército o de otras autoridades, al saber todo esto, hubieran sido todavía capaces de salvar a los jóvenes, de dar con los responsables. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo actuación?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Esa es la responsabilidad del teniente Barbosa, que tendrá que rendir cuentas de su omisión, en el lanzar la integridad física y la búsqueda del soldado Patolzin, que coincido, efectivamente, hubiera sido muy útil implementar el protocolo de búsqueda de militares desaparecidos para evitar la desaparición de los muchachos.
PREGUNTA: Siguiendo la cadena de mando, si ya con este tema de que se identifica a este militar en activo en labores de inteligencia y demás, ¿llegaría solamente hasta el teniente Barbosa la responsabilidad o escalaria en todo caso al general Cienfuegos o algún otro mando? Digo, sin revelar.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Se está revisando la cadena de mando en todos los espacios del ámbito de la zona, de la región, lo está revisando la fiscalía.
INTERLOCUTOR: Pero, entonces, digamos que en este caso ya a estas alturas de la investigación que llevan, ¿ya hay una plena identificación de que hubo participación del Ejército en el caso, en la desaparición y demás?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí.
INTERLOCUTOR: También preguntarle sobre este tema que hablaba de cómo se ha recopilado la información. ¿Ya se cuenta con la totalidad de toda la información, todas las escuchas que hicieron en Estados Unidos respecto a los hechos en el día en que ocurrieron los hechos y posterior? O sea, ¿ya hay…?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Hay un acercamiento en particular de la Unidad Especial para la Investigación de Caso de Ayotzinapa y la fiscalía con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Han venido trabajando de manera conjunta y le han brindado más información a la fiscalía.
INTERLOCUTOR: Pero digamos que ahí no sabría decirnos si ya se completó la entrega de esa información que…
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Se está llevando a cabo y va por muy buen camino.
INTERLOCUTOR: Muchas gracias.
Y por último nada más preguntarle, digamos que fuentes de información se descarta incluso los hallazgos y recomendaciones que hizo la entonces CNDH. ¿En este caso ya se descartó totalmente? Si nos podría decir si sí se descartó y por qué razones es que ya no se consideró.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno quien la ha descartado es la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos actualmente.
Sin embargo, creo que queda un asunto pendiente que tiene que tiene que resolver la Fiscalía General de la República, que es en análisis de las petrosas, que es de los asuntos que están pendientes de esa recomendación en donde hay una discusión entre los peritos respecto a si tienen el contenido de ADN suficiente para una identificación.
En lo personal, creo que debe complementarse esa parte de la recomendación de la comisión nacional.
INTERLOCUTOR: (inaudible)
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Siempre le tocan, no nos toca a nosotros. Nosotros no somos autoridad ministerial ni judicial.
INTERLOCUTOR: (inaudible)
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Eso está en el terreno de la fiscalía.
INTERLOCUTOR: Gracias.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí.
PREGUNTA: Hablaba usted de la reconstrucción de llamadas que se entregaron incluso a la fiscalía y entiendo que por ser parte de la investigación no puede hablar o adentrarse mucho en ella, pero le da usted un énfasis a estas llamadas.
Y yo quería preguntarle si esta reconstrucción de las llamadas daría un giro a la investigación o podría dar con el paradero de muchos de los jóvenes.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: En el caso del paradero no, hay que recordar que fueron despojados de sus teléfonos celulares, incluso algunos teléfonos que les fueron despojados a los muchachos fueron utilizados posteriormente con otro chip, tienen un registro del IMEI, eso nos ha permitido ver qué otros vínculos se desprenden de la gente que participó.
INTERLOCUTOR: ¿Y tendría la facultad la comisión de presentar denuncias o pedir o hacer la petición de la apertura de carpetas específicamente contra algunos funcionarios, por ejemplo?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: La información que proporcionamos a la fiscalía como coadyuvantes hace que toda sea atendida y desahogada por la fiscalía.
PREGUNTA: Yo tengo dos preguntas, y la primera es: ¿por qué la responsabilidad no abarca al presidente o expresidente Enrique Peña Nieto?, ¿lo están protegiendo?
Y segunda, la pregunta más común y a la mejor la más difícil: ¿dónde están los estudiantes?, ¿cabe la posibilidad de que terminaran muertos en Morelos, en la zona caliente de Guerrero?, ¿dónde están, si es que no los encuentran o han encontrado otras pistas?
Gracias.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo aprecio mucho la primera pregunta para esclarecer cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos enfocados a dos objetivos fundamentales y es la facultad de competencia que el decreto del presidente me ha mandatado: esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre y buscar el paradero de los muchachos.
Corresponde a la fiscalía, con la aportación que aportemos y la que ella misma desarrolle, fincar las responsabilidades a los servidores públicos involucrados. Ese es el mandato que nosotros tenemos, creo que hemos avanzado muchísimo el día de hoy.
Y, por supuesto, estamos atendiendo todos los lugares donde recibimos información para hacer búsqueda, 101 búsquedas es un número muy significativo y vamos a hacer las que sean necesarias. Si es necesario en otras entidades, lo haremos, pero quiero decirles que en todos los casos en las búsquedas que hemos tenido ha habido al menos un mínimo o una base de información para ubicar el sitio.
PREGUNTA: Gracias. Jorge Buitrón, del periódico La Razón.
¿Cuál fue…? Al principio de la conferencia que fue una reunión dolorosa con los padres y en las conclusiones menciona que hay muchos indicios que los jóvenes no estén vivos. ¿Cuál fue la reacción de los padres al decirles esto?
Y, por otra parte, ¿qué sigue después de estas investigaciones?, ¿seguirá el GIEI o ya toma completo control la fiscalía y el GIEI ya se va a ir? Queremos saber algo al respecto.
Gracias.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Nosotros queremos que el GIEI continúe con su trabajo de coadyuvancia, ha sido muy importante su labor y esperemos se refrende su participación en todo el proceso de trabajo con la fiscalía.
Y la relación con los padres es del mayor respeto, y con mucha carga de dolor y de verdad. Y respetamos mucho a los padres de familia por la situación que enfrentan.
INTERLOCUTOR: ¿Cuál es la postura de los padres?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: El acuerdo que tenemos, que fue parte del informe, es que se les entrega el informe, se les dio el detalle, se llevaron el informe para revisarlo, lo va a discutir y tendremos una reunión próxima con el presidente de la República para conocer sus opiniones.
INTERLOCUTOR: ¿Qué les dijo el presidente Andrés Manuel?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: El presidente, básicamente dos mensajes dentro de su intervención. Por supuesto, el compromiso, la solidaridad, la sensibilidad con lo que están viviendo por ratificar, por convicción, no solamente por obligación legal, nuestro compromiso con la verdad y la justicia para esclarecer estos hechos.
PREGUNTA: Para preguntarle si alguna confirmación de que los estudiantes fueron separados y llevados a distintos lugares en grupos pequeños.
Y en segundo lugar, si hay indicios que fue el Ejército específicamente que participó en esta desaparición y por lo que nos indica matanza de los estudiantes.
Y por tercero, si hay algún avance en la extradición de Tomás Zerón. Y preguntarle por qué esto ha tardado pues bastante tiempo.
Gracias.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo también quisiera saber por qué ha tardado tanto tiempo. Pero por supuesto que ese es un asunto que encabeza la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Cancillería de México, la embajada de México en Israel y están trabajando, en los próximos días seguramente habrá noticias de los avances de esta relación con el gobierno de Israel.
Sobre si estuvieron juntos o no, ya lo dije desde un principio, en ningún momento estuvieron los estudiantes juntos desde el momento en que se separan a la salida de la terminal de autobuses de Iguala.
Estamos hablando de que operaron células, por lo menos tres células, seis grupos, seis grupos, tres células y un mando central en la tarea de la desaparición en donde fueron trasladados a distintos puntos tanto que estaban en el Palacio de Justicia como estaban en la zona de Periférico y evidentemente no estuvieron juntos, es lo que estamos confirmando.
Sí.
PREGUNTA: También, con respecto a las reuniones que tuvieron en febrero con Tomás Zerón, si tiene conocimiento qué fue exactamente lo que se le ofreció en este criterio de oportunidad, qué fue a lo que se negó el señor Tomás Zerón?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, se negó a aceptarlo. ¿Y cuál es el ofrecimiento?
INTERLOCUTORA: ¿Y qué fue lo que se ofreció?, que diera información sobre los estudiantes.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: La ley establece muy claramente cuáles son los requisitos para poder otorgar un criterio de oportunidad, que son beneficios por colaboración, por información fidedigna y corroborara por la autoridad judicial.
INTERLOCUTORA: (inaudible)
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo espero que lo esté analizando todavía.
PREGUNTA: Subsecretario, comentaba usted como una conclusión que no hay indicios de que estén vivos ninguno de los 43 estudiantes, eso era parte de lo que planteaba la verdad histórica, que los 43 habían sido asesinados, que habían sido.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo no tomo en cuenta la verdad histórica.
INTERLOCUTOR: No, lo que —permítame— lo que quiero preguntar: ¿en qué medida entonces…? Digo, pero es la parte central esa, que habían sido asesinados, que habían sido incinerados. Bueno, ¿podría…? Lo que quería preguntarle es: en ese punto central son parecidos a lo que había concluido y…
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No, no hay ningún parecido.
INTERLOCUTOR: Pero que me dijera…
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No hay ningún parecido, la verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y que hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. Yo no veo ningún punto de coincidencia en ello.
INTERLOCUTOR: Muy bien. Yo le preguntaba solamente porque en la parte inicial, en la que habían sido asesinados. Digo, ya después efectivamente, como comenta, hay esas diferencias.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad.
Muy bien.
PREGUNTA: Buenas tardes. Tengo varias preguntas. La primera, bueno, ¿qué sí pasó la noche de Iguala?, ¿qué es lo que saben que sí pasó después de que los capturan estas células?
Lo otro sería, ¿cuál fue el papel de la Sedena, de la Marina, de la Policía Federal, de la policía estatal, de la PGR, de la Seido, de servicios periciales? O sea, que nos diga qué delitos se cometieron, de qué índole qué crímenes ocurrieron ahí. Eso, por una parte.
Y la otra si el GIEI ya avaló este informe, si le van a permitir o se va a presentar algo. ¿Por qué no están aquí avalando o qué…?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Es un informe de la comisión, al GIEI se ha le ha hecho llegar toda la información; nos darán, por supuesto, su opinión y sus comentarios, creo que es bueno. Y así como nosotros conocimos el informe del GIEI, trabajamos en ese mismo sentido.
¿Qué pasó?
La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del estado y grupos delictivos. Como institución, participó Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones.
INTERLOCUTORA: Y bueno, viendo que este es todo un entramado criminal, usted dice que es un crimen de Estado. Como se decía, es de las primeras marchas. Y que no es la primera vez, o sea, lo sabemos que esto pasó en la masacre de los 72, que se repitió en Tlatlaya, que se repitió en muchos otros casos.
¿Con esos casos qué se va a hacer? ¿Se van a revisar? O sea, estamos ahorita nada más hablando de Ayotzinapa. Eso, por una parte.
Y el otro, viendo la participación también de la Sedena ¿qué piensa de esto que quiere hacer el presidente de pasar la Guardia Nacional a la Sedena?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Esa ya te la contesté el otro día y no te la voy a repetir hoy…
INTERLOCUTORA: No, pero quisiera…
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Y no te la voy a repetir hoy, estamos hablando de Ayotzinapa.
INTERLOCUTORA: Pero la militarización, o sea, bueno ¿qué piensa de esto?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No, lo digo de manera muy… Nosotros tenemos dos responsabilidades hoy para esclarecer crímenes de Estado, es la primera vez que estamos avanzando en el esclarecimiento de crímenes de Estado asumiendo la responsabilidad del Estado mismo: el crimen de Ayotzinapa y los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia.
Esperemos, déjenos terminas estas y ya veremos otras más que seguramente se llevan a cabo adelante.
INTERVENCIÓN: Subsecretario, otro tema creo que no tocó aquí, este asunto del Poder Judicial, y me gustaría preguntarle ¿no?, porque se han liberado a algunas personas. Entonces, no sé si eso han avanzado.
Y si se va a unificar en un solo juzgado, ya lo consiguieron.
Y, bueno, si estos jueces si han recibido presiones para liberar personas. ¿O qué han detectado, pues? Y de ahí, ¿cómo lo van a resolver para el acceso a la justicia?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo que hay un problema de origen desde el momento en que el Poder Judicial radicó en siete juzgados de siete entidades diferentes 38 procesos penales. Y evidentemente, esto no solamente no permite tener una jurisdicción única para atenderlo, sino lleva a burocracia, a trámites administrativos, a criterios diferenciados entre los jueces, jueces como el de Tamaulipas, Juan Ventura Ramos que liberó a 77 personas que habían sido torturadas, sí fueron torturadas, eso hay que decirlo, pero en ningún momento dio vista el ministerio público antes de su liberación y en ningún momento definió quiénes fueron los torturadores.
INTERVENCIÓN: ¿Ya se va a unificar el caso o seguirá fragmentado en varios juzgados?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Hay jueces que consideran que el delito de desaparición forzada prescribe cuando está claramente establecido en nuestra legislación que este delito grave de violación a los derechos humanos no prescribe.
Hay jueces que nos han soltado a personas que se habían evadido, que fue, por ejemplo, el caso de uno de ellos deportado a los Estados Unidos, que fue vuelto a detener en Ciudad Juárez, que se presentó ante el juez de Iguala y lo soltó por 10 mil pesos. Hay problemas con el Poder Judicial.
Los padres han pedido una jurisdicción única, no ha habido respuesta. Creo que eso ayudaría mucho, no solamente a agilizar toda la parte de judicialización, sino también a transparentar la acción del Poder Judicial.
INTERLOCUTOR: Oiga y, si me permite también, dice Tomás Zerón, ya rechazó este criterio de oportunidad, pero se sigue el diálogo con sus abogados. ¿Qué otro beneficio se le podría ofrecer? Si escuché bien, dice que todavía se han planteado esto. ¿Qué otro beneficio, si ya no aceptó el criterio de oportunidad? Y si esto…
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No hay mayores beneficios que los que establece la ley, ahí no es un asunto de negociación.
INTERLOCUTOR: ¿Y esto no postergaría la impunidad, en caso de sancionar a Tomás Zerón?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Si da la información para esclarecer el caso, pues se acabará con la impunidad, ese es el objetivo de los criterios de oportunidad en la legislación.
Bueno, quiero pedirles… Vamos entregarles el DVD.
PREGUNTA: Una más.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Una más.
No, el USB, perdón. Aquí pueden bajar, esta es la página donde está toda la información, les vamos a entregar el USB y ahí viene todos los documentos.
PREGUNTA: Sí, señor, para preguntarle, usted habló… Bueno, varias cosas. Uno, sobre la Marina, el papel de la Marina. Bueno, vimos los videos. ¿Qué ocurre con eso? Se ha hablado de que fue la Unidad de Operaciones Especiales la que operó en ese momento. ¿Qué hay sobre eso?
Otra, usted también habló de que le hicieron llegar o a la comisión vínculos de llamadas. ¿Puede contarnos la historia de cómo fue que le llegó a la comisión?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No te la puedo contar, por protección al testigo que está colaborando.
INTERLOCUTORA: No, bueno, pero la historia, no le estoy pidiendo que me dé los vínculos.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Esa no te lo voy a contar, la otra sí.
INTERLOCUTORA: A ver.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Todos los videos que encontramos en una investigación que hicimos el GIEI y la Covaj en los archivos de la Secretaría de Marina nos permitió acreditar la existencia de estos vuelos de dron.
El GIEI ha sido muy claro en su último informe de la relevancia de estos hechos donde acredita efectivamente la presencia de la Unidad de Operaciones Especiales del Área de Inteligencia de la Secretaría de Marina. Estos videos y estas diligencias ya están en la carpeta de investigación.
INTERLOCUTORA: Oiga, y sobre la responsabilidad de la Sedena, hablaba usted de, por ejemplo, de este teniente. ¿Ya está haciendo procesado?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Esperemos que así sea, tanto por la justicia civil como también por la justicia militar, porque no cumplió con sus protocolos.
INTERLOCUTORA: ¿Y ya terminó de entregar la Sedena la información que requería?
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No, estamos esperando que nos haya llegar más información que hemos solicitado.
INTERLOCUTORA: Okey, gracias.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Pues muchas gracias. Que tengan un buen día. Con permiso.
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