La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebra la determinación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado el día de hoy respecto de la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato del gobierno de Baja California, recordando que su posición siempre apuntó a ese criterio.

 

En el Senado de la República el pasado 26 de septiembre, la titular de la política interior del país subrayó categóricamente que desde su punto de vista personal la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional (se anexa participación al respecto en la tribuna de la cámara alta) y señalaba que no podría haber intromisión del gobierno federal en un asunto del congreso local que debería resolver la Suprema Corte.

 

Con respecto a versiones periodísticas, basadas en un video que se difundió por redes sociales el día de la toma de posesión de Jaime Bonilla, la secretaria sostiene una vez más que, además de sacarse del contexto en el que se realizó esa plática privada, en ningún momento constituyó un pronóstico de lo que tendría que resolver en su soberana autonomía la Corte.

 

“Si se ve el video completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional. Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico”, esa ha sido la postura que durante todo noviembre y cada vez que fue cuestionada ha sostenido la secretaria y que obra en las versiones estenográficas de la dependencia y hoy vuelve a refrendar a través de este texto.

 

“Fui ministra de la Corte por 20 años, y defendí desde esa posición como la sigo defendiendo desde la posición que actualmente ocupo, a la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional. Soy partidaria y defensora del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción”.

 

“Respeto la Constitución y he jurado defenderla en este y en anteriores cargos y, por ello, respeto el federalismo, la división de poderes y la independencia de los poderes locales, tanto como la independencia de los jueces constitucionales”.

 

“He sido respetuosa, desde la conducción de la política interior del país, de esos principios. Desde esa posición, he manifestado siempre lo que pienso. Lo voy a seguir haciendo siempre. Por eso refrendo lo dicho desde un inicio: sostuve, sostengo y sostendré la inalterabilidad de los principios democráticos de la Constitución y promoveré, desde la posición que me encuentre, el respeto al Estado Constitucional de Derecho y a sus principios.

 

Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático”.   

 

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