Zoé Robledo: Con su permiso, señor Presidente, buenos días a todas y a todos.

Si pueden poner la presentación.

Digamos, la conformación de estos documentos viene de hace muchos años, es una parte de un acervo histórico que forma parte de una memoria, justamente histórica de la Nación, desde las primeras instituciones encargadas de temas de información política y de inteligencia, prácticamente desde 1918 con la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación en la época del Presidente Venustiano Carranza, hasta llegar a aquella institución de la Dirección Federal de Seguridad, surgida en 1948 y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, después de Dirección Generales de Investigaciones Políticas y Sociales.

Estas dos instituciones en 1985 se fusionaron, creándose la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que en 1989 pasaría a ser el CISEN.

Como ustedes lo saben, a partir de este 2019 el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promovió la extinción del CISEN para dar paso a este nuevo paradigma con el Centro Nacional de Inteligencia.

La apertura tiene una historia mucho más antigua, más anterior a lo que ocurrió en el 2001 y 2002; en 82, cuando la antigua cárcel de Lecumberri se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación, desde entonces la Secretaría de Gobernación empezó a pasar algunos de sus archivos y de información producida por la Dirección Federal de Seguridad, particularmente.

Cuando fue la fusión con la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, con la creación de esta Dirección, se transfirieron otros archivos al Archivo General de la Nación y en 98 hubo otra entrega.

En 2001, con  mucho bombo y platillo, se habló de que habría una apertura, particularmente de cuestiones que tenían que ver con movimientos políticos y sociales y, en específico, el movimiento del 68.

En aquel momento hubo un decreto que le solicitaba a las dependencias que hicieran entrega de esta información al Archivo General de la Nación. Particularmente el entonces CISEN hizo entrega de una serie de información el 19 de febrero de 2002 de 4 mil 223 cajas, que en realidad no tenían información del CISEN, era documentación de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales.

Algo del acervo también lo componían información del Instituto Nacional de Migración, de la SEDENA, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero fundamentalmente era de estas dos instituciones; pero llegaba hasta 1985. Ese archivo, se establecía en ese propio decreto, tenía que pasar en su custodia, documentación, ordenamiento, al Archivo General de la Nación.

Estaba en el artículo siete de ese decreto establecido ese mandato, que tenía que pasar no solamente la documentación, sino la custodia de todo el archivo.

El asunto es que ese artículo no necesariamente se cumplió a cabalidad, porque no era solamente recibir la documentación, sino custodiarla, organizarla y conservarla a partir de los lineamientos del Archivo General de la Nación.

Se empieza a dar una información, incluso de varios medios, particularmente en 2017, donde se da cuenta que el archivo en general seguía siendo custodiado por el CISEN; estaba, efectivamente, en el Archivo General de la Nación, pero seguía custodiado por el CISEN.

Muchos de quienes hicieron investigaciones ahí, historiadores, periodistas, lo que recibían era una documentación que proporcionaba el CISEN, no el Archivo General de la Nación, esa fue la situación que el actual Director, Carlos Ruíz Abreu, encontró cuando descubre que toda esa información estaba custodiada todavía por esta institución.

Entonces, digamos, que esta es la línea del tiempo de estos hechos, lo que se conoció durante mucho tiempo como el archivo del CISEN que llegaba hasta el 85, posteriormente empezó a tener una serie de reservas, versiones públicas que muchos de ustedes conocieron, testadas y demás.

El acuerdo que fue publicado el día de ayer, bueno esto fue parte de la promoción que se le dio a esta situación, que de hecho, 16 años después, no terminó jamás de concretarse, toda vez que estaba en el Archivo pero seguía siendo custodiado por el CISEN,  hasta hace apenas algunas semanas.

En ese sentido, el acuerdo que fue publicado el día de ayer en el periódico oficial de la Federación, da la instrucción por parte del Presidente a todas las instituciones a que la información del 85 para acá se entregue directamente al Archivo General de la Nación, lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, y un nuevo criterio que estaba ausente en aquel decreto del 2001, que son actos de corrupción de todo tipo. El Director dará cuenta de cómo se está planteando el acuerdo para hacer efectivo este derecho a la memora y abrir finalmente estos documentos por un interés público superior.

Lo que no se había concretado que es una apertura ordenada con digitalización, un ordenamiento y un tratamiento archivístico, está planteado así en el acuerdo, a partir de una serie de lineamiento que serán publicados en los próximos días para entonces sí, lograr que este derecho a la memoria histórica del país sea concretado.

Es un esfuerzo que involucrarán, además del Archivo General de la Nación, a especialistas en biblioteconomía y archivonomía, y también a Jóvenes Construyendo el Futuro, buscando que haya jóvenes interesados o que hayan estudiado estas materias a que ayuden a este proceso enorme para el ordenamiento y la digitalización.

Pero el archivo de 85 para atrás que actualmente está es al que se le tiene que dar apertura a partir de estos lineamientos para que todo mundo pueda llegar a él y hacer cumplir esto que se había anunciado durante mucho tiempo, que estuvo abierto en algún momento pero que después, particularmente en 2014, empezó a tener ciertas restricciones y unas versiones públicas que no generaba el Archivo, sino el propio CISEN.

Estos lineamientos tiene que estar de la mano pues de los mismos ordenamientos, particularmente la Ley de Archivos, la Ley de Protección de Datos Personales, a partir de lo que venga de 85 para 2019, lo que tenga que ver, como ya lo mencionaba el Presidente y que pueda lastimar la dignidad de las personas, preferencias y datos personales, procesos judiciales que están en curso y que tienen una clasificación diferente.

Pero la instrucción y la intención es máxima publicidad, poniendo por delante el interés público a conocer la verdad y construir una memoria histórica que no permita ningún tipo de simulación.

Sería por mi parte todo, señor Presidente.

Segunda participación

Pregunta: Una persona que tenga en este momento 65 años, no va a estar su nombre en el archivo, él no va a poder llegar y decir: “oiga quiero el archivo de Alberto Rodríguez”, ¿me explico? Tendría que ser una investigación por parte del Estado, identificar a personas que están vivas y que hayan estado en estos archivos, que hayan sido víctimas de derechos humanos y luego crear una comisión o algo parecido, porque si no los nombres no van a aparecer de los menores de 70 años, yo no voy a poder saber si mi abuelo estuvo o no.

Zoé Robledo: Gracias, señor Presidente. Efectivamente, como se mencionaba, la información que se les está solicitando a las dependencias es toda aquella que hayan generado fichas, documentos que tengan que ver específicamente con esto, persecuciones políticas, violaciones a los derechos humanos y, en este caso, actos de corrupción.

Hay una regulación muy clara respecto al tema de datos personales, los archivos históricos tienen una apertura total porque tienen un valor histórico por sí mismo, hay otros archivos que ya están en estos fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que tienen solamente las reservas que tienen que ver con datos sensibles, desde características físicas, el ADN, la huella digital, pero no significa que esa información no se pueda dar, simplemente tiene que tener la reserva de ley de esas cuestiones específicas.

Los otros archivos que ya se van a ir sumando a este gran fondo de documentación, de 85 a 89, digamos, antes de la creación del CISEN, pero sobre todo la de 89 hasta 2019, que tiene que ver con el CISEN, tendrá que ser tratada de conformidad a las leyes de datos personales. Hay cuestiones que están en curso, entonces no se podría dar a conocer porque hay un proceso judicial en curso pero son reservas muy específicas que incluso solamente pueden alcanzar, en algunos casos, 5 años.

El problema es que muchas veces se reservaba información aduciendo que tenía que ver con algún dato personal o con algún proceso judicial y que no necesariamente era así, y que se utilizaba al revés el tema de datos personales, para reservar lo que debía ser público. Por eso, como lo mencionaba el Director del Archivo, se tienen 28 días para hacer esos lineamientos, explicarle a las dependencias qué es y cómo es lo que se debe entregar y a partir de eso empezar a abrir todo.

Lo que ya está es lo que ya pues, a partir de este momento, está a disposición de cualquier persona.

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EST No./2019