Muy buenas noches, expreso a todas y a todos ustedes la bienvenida a esta Secretaría de Gobernación, por parte del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 

Muy estimada señora Julia Vásquez Bautista, esposa del señor Antonio Jacinto López. 

Hijo e hijas del señor Antonio Jacinto López. 

Distinguido Comisionado Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor James Cavallaro. 

Licenciado Maurilio Santiago, representante legal de las víctimas. 

Muy estimadas y estimados representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

Señoras y señores servidores públicos de las distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca que nos acompañan el día de hoy, muy especialmente a las autoridades del estado de Oaxaca. 

Señor Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Comisionados Franco, Julio, bienvenidos.  

Compañeros de la Secretaría de Gobernación. 

En cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado mexicano de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, el día de hoy llevamos a cabo este Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública a la familia de Antonio Jacinto López por los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2011. 

Como ya se ha comentado, estando vigentes las medidas cautelares MC165-05 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Jacinto López fue privado de su vida por personas desconocidas en el centro de la Ciudad de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca,  sin que a la fecha se haya determinado la identidad de los presuntos responsables. 

Hechos como los que originaron el caso que nos ocupa, apuntan a reforzar el compromiso del Estado para continuar trabajando a favor de la protección de todas las personas, en especial aquellas que se encuentran bajo algún particular riesgo, derivado de la labor que realizan en beneficio de la sociedad. 

Quiero resaltar que el Acuerdo que se ha firmado el día de hoy, constituye un ejemplo del diálogo abierto que tiene el Gobierno de la República con todas las organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas de violaciones a derechos humanos. Este diálogo constituye, sin lugar a dudas, el marco conveniente para la solución de conflictos, pero sobre todo, para la construcción de acuerdos en beneficio de la protección de los derechos humanos.   

Este Acuerdo contiene una serie de medidas que garantizan una reparación integral del daño, que incluyen medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y una compensación económica justa y calculada conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia. 

Estas medidas contienen la obligación de continuar una investigación exhaustiva para llevar a las personas responsables de este caso ante la justicia y para que la familia conozca la verdad de los hechos. Además se asume el compromiso de prestar atención en materia de salud con perspectiva de derechos humanos a través de una ruta de atención médica de acuerdo a las condiciones y circunstancias de la familia, así como el otorgamiento de becas para que los menores de edad garanticen sus estudios. 

De igual forma y no menos importante, se señala la obligación de capacitar a funcionarios públicos responsables de la adopción de medidas de protección que hayan sido dictadas desde algún mecanismo nacional o internacional de derechos humanos. 

No quiero dejar de resaltar que como señala el propio Acuerdo, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la falta del cabal cumplimiento de las medidas cautelares a través de la implementación de garantías de no repetición de gran importancia y que generarán la certeza en favor de todas y todos los beneficiarios de medidas de protección en nuestro país.  

Es así que como lo ha explicado el Relator de México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de este Acuerdo, la Secretaría de Gobernación en su calidad de autoridad coordinadora de la implementación de las medidas cautelares y provisionales de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, realizará un proceso de consulta con la sociedad para la elaboración e implementación de protocolos para la adopción de medidas cautelares que hayan sido dictadas por mecanismos de protección de derechos humanos. 

Este proceso incluirá un diálogo permanente con la sociedad y se dividirá en cuatro etapas: 

Primero, se llevará a cabo la publicación en la página de internet de la Secretaría de una convocatoria abierta para que cualquier persona u organización de la sociedad presenten sus comentarios y propuestas. 

En una segunda etapa, se llevará a cabo un foro con representantes de las autoridades federales y estatales involucradas en la adopción de medidas cautelares dictadas por organismos de protección derechos humanos, la sociedad civil especializada en la materia, expertos y académicos. 

En una tercera etapa, la representación legal de las víctimas realizará el foro de consulta regional con representantes de la sociedad civil del estado de Oaxaca y presentará sus conclusiones a esta Secretaría para su consideración.  

Por último, la Secretaría de Gobernación en el marco de sus atribuciones legales expedirá los protocolos de implementación de medidas cautelares y provisionales dictadas por organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.  

Adicionalmente, es preciso reconocer que el estado de Oaxaca se ha sumado a este proyecto para que a nivel local se cuente también con reglas para la adopción de medidas cautelares tendientes a la protección de los derechos humanos de quienes habitan en aquella entidad. 

De manera particular quisiera reconocer al licenciado Maurilio Santiago Reyes, Presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, por el esfuerzo y el tiempo que destinó para poder conciliar este acuerdo y convertirlo en una realidad en beneficio de las víctimas. Este Acuerdo tendrá un impacto en beneficio también de toda la sociedad al existir un compromiso del Estado mexicano de generar políticas públicas que permitan la prevención de violaciones a derechos humanos como las acontecidas en el presente caso.  

El presente acto público, es muestra del compromiso que tiene el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para cumplir cabalmente con sus obligaciones en materia de derechos humanos  y reconocer los errores que el Estado mexicano ha tenido en el pasado y poder así construir, en el marco de un diálogo constructivo con todos los sectores de la sociedad, una verdadera y efectiva sociedad de derechos humanos. 

Señora Julia Vásquez Bautista, en mi calidad de representante del Estado mexicano, quiero expresarle una disculpa y hacer un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos humanos del Señor Antonio Jacinto López y reiterarle el compromiso irrestricto de este Gobierno para realizar todas las acciones y agotar todas las medidas necesarias, para que actos como los que dieron origen a este reconocimiento,  no se vuelvan a repetir en un futuro. 

Discurso