Con su autorización señor presidente de la República.

Saludo y agradezco la presencia de todas y de todos los familiares de las personas desaparecidas en el país, así como la presencia de mis compañeros del gobierno federal, los señores gobernadores de los estados que nos acompañan, los representantes de distintas organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y el Delito y, por supuesto, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la subprocuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General, y a todas y a todos ustedes.

El pasado 4 de febrero dimos a conocer, en este mismo espacio, el plan de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, una ley que ha resultado de la lucha de las familias de las personas desaparecidas y la sociedad civil, que se publicó oficialmente en noviembre de 2017.

A 47 días de haber anunciado este plan, hoy cumplimos con el compromiso de reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda, en el cual participarán las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, la academia y autoridades de diversos órdenes de gobierno.

Hablamos de reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda, porque si bien hubo una instalación oficial el pasado 9 de octubre de 2018, ésta no tuvo ningún efecto y no tuvo ningún resultado. Yo afirmo que fue una gran simulación.

Ahora este sistema deberá cumplir con la disposición de la ley, así como los objetivos que se le plantean, particularmente el de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las políticas y procedimientos entre todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de estos delitos.

A partir de hoy el Sistema Nacional deberá garantizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Administrativo de Detenciones, el mejoramiento de las alertas Amber y Alba, y establecer, para todo el país, un protocolo homologado de búsqueda.

Al mismo tiempo, este sistema deberá de expedir en los próximos meses los lineamientos para la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas, así como su investigación. Deberá establecer la coordinación con autoridades para el funcionamiento del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática para el tratamiento y uso de toda la información para la búsqueda.

Deberá evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda y las políticas públicas implementadas, así como el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumación e Identificación Forense, y deberá dictar los lineamientos para la participación de los familiares.

Sin embargo, aunque la ruta es muy intensa para los próximos meses, no estamos partiendo de cero.

A partir del plan de implementación de la ley y en coordinación con las víctimas, emitimos, en primer lugar, la convocatoria para designar a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a partir de un proceso abierto, público y transparente que no registró ninguna impugnación, de la cual resultó electa la doctora Karla Quintana, quien asume la responsabilidad de encabezar la Comisión Nacional de Víctimas.

En este proceso promovimos la integración de las comisiones locales de búsqueda ya que, si bien en el mes en que anunciamos, en febrero, cuando anunciamos el plan para la implementación de esta ley, solamente tenemos ocho comisiones locales de búsqueda integradas, ya en la actualidad contamos con 13, considerando que el estado de Durango ha concluido su proceso de selección y la próxima semana hará el nombramiento del titular, y considerando que en el estado de Chihuahua la comisión se ha adscrito a la fiscalía local.

Sin embargo, no basta con contar con una comisión local, es necesario dotarlas de recursos, instalaciones y del respaldo político de los gobernadores para que éstas se conviertan en piezas clave para resolver de manera progresiva la crisis de derechos humanos por la que atravesamos.

Aunque debo reconocer los avances que en particular hemos tenido en distintas entidades de la República, por ejemplo, en el estado de Veracruz con la declaratoria de crisis humanitaria, las acciones de cero tolerancia contra el feminicidio y otras acciones que de ellas se desprenden vamos dando pasos importantes.

En el estado de Coahuila, con el programa local de búsqueda y los avances en materia forense que puede ser un referente importante a nivel nacional o en el caso del estado de Jalisco, donde esta semana se puso en marcha una estrategia integral para enfrentar el delito de desaparición y la emergencia forense que se vive en esa entidad.

Lamentablemente en 19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación del comisionado local, por lo que urge crear el marco jurídico local, donde es necesario dar el primer paso reconociendo la gravedad del problema en cada uno de los estados de la República.

Hemos avanzado, a la vez, en la definición de un presupuesto suficiente para el desempeño de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Para este año el Presupuesto de Egresos de la Federación ha asignado 400 millones 791 pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales el 50 por ciento se destinará a las labores de búsqueda en los estados de la República que cuenten con la comisión local de búsqueda donde ya estén integrados.

Ese es un avance muy importante, toda vez que el año pasado solamente la Comisión Nacional de Búsqueda ejerció seis millones de pesos.

Sin embargo, no son los únicos recursos a los que se va a tener acceso, ahí habrá que sumar 58 millones 424 mil pesos que las distintas entidades aportaron del Fondo para la Seguridad Pública, dentro del programa de especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas desaparecidas.

Si bien es una cifra importante, mayor a la de los años anteriores, también hay que señalar que estos 58 millones representan sólo el 0.77 por ciento del total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y, lamentablemente, también tengo que decirlo, cinco entidades no solicitaron ningún recurso de este fondo para las tareas de búsqueda o para enfrentar las tareas, los retos de la emergencia forense.

Yo espero que haya una mayor conciencia en todas las entidades para que estos recursos puedan disponerse en los protocolos de atención a víctimas, en la coordinación y cédulas de búsqueda en vida, la respuesta a la desaparición o secuestro de migrantes, la atención a víctimas, como un centro fundamental entre las prioridades.

Hemos señalado que nuestro país enfrenta una emergencia forense y es necesario crear un sistema y un Instituto de Nacional de Identificación Forense.

Aquí debo informar que desde el proceso de transición hemos venido trabajando con el equipo argentino de antropología forense, con la Universidad Iberoamericana, de manera muy destacada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Oficina del Alto Comisionado en Naciones Unidas, con la Escuela Nacional de Antropología y otras instituciones. Ahora estamos, incluso, teniendo acercamientos con Data Cívica y Enfoque DH para concretar el plan de exhumaciones e identificación forense que se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la República, a fin de iniciar la implementación de un mecanismo extraordinario para responder al estado de emergencia que representa la existencia de más de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de nuestro país.

En materia de asistencia técnica estamos por suscribir un convenio de cooperación con el Sistema Internacional de la Cruz Roja, a quien agradecemos su apoyo y las aportaciones que nos ha dado y hemos iniciado los trabajos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de  Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos, así como con la agencia de cooperación de Alemania y varias embajadas que han mostrado su interés para ayudarnos a combatir este flagelo, entre otras, la Unión Europea, que está su representante aquí, que también está en la disposición de cooperar con nosotros.

En los primeros 100 días de gobierno he de señalar que también hemos dado algunos resultados.

En primer lugar, en coordinación con los familiares de las víctimas de desaparición forzada se han implementado mesas de diálogo y trabajo en diversas partes del país que han cristalizado en compromisos y propuestas puntuales que estamos siguiendo puntualmente.

Se ha participado en las brigadas de búsqueda en los estados de Colima, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, así como en la inauguración del Panteón Forense en el Estado de México.

Se habilitó una línea telefónica de emergencia en la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo número es el 55-1309-9024, lo repito porque tenemos que divulgarlo de manera muy intensa.

Y se instaló, para atender otra de las caras de este problema, dentro del área de búsqueda de la Comisión Nacional, una unidad para atender los asuntos vinculados con la guerra sucia en nuestro país.

Señor presidente.

Amigas y amigos todos:

Este gobierno hereda una deuda histórica de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar y cientos de fosas clandestinas.

El gobierno federal ha asumido su responsabilidad reconociendo la crisis humanitaria y en materia de derechos humanos y desaparición que vive nuestro país.

Hoy, con la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, damos un paso importante para responder con responsabilidad al reclamo de las familias para atender su demanda de verdad y de justicia, mas debemos asumir que falta un largo trecho por recorrer, por lo que convocamos a familiares de las víctimas, a organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a agencias internacionales, a conjuntar esfuerzos para combatir esta desgracia.

Partimos de la convicción de que enfrentar este profundo agravio a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana, es una responsabilidad del Estado, pero también de que sólo con el trabajo en conjunto y articulado con las familias, los colectivos y las organizaciones civiles que nos acompañan, se puede encarar y superar esta tragedia para garantizar verdad, justicia, reparación de daño y la no repetición de estos lamentables hechos en nuestro país.

Muchísimas gracias.